Algunos acuíferos de Menorca y del resto de las Illes Balears presentan niveles de contaminación por nitratos “elevadísimos”, superiores al máximo legal permitido en doce municipios, lo que requiere de una intervención del Govern para garantizar la salubridad de las aguas de consumo, según Ecologistas en Acción EeA.
En su informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’, la entidad resalta que los datos del Ministerio de Sanidad de 2022 revelan niveles superiores a los máximos legales permitidos en puntos de las redes de distribución de Ariany, Es Castell, Ciutadella, Costitx, Felanitx, Lloret, Manacor, Maó, Muro, Santanyí, Sineu y Vilafranca.
Además, los ecologistas hicieron una campaña específica en cuatro días de abril del año pasado en la midieron los nitratos en redes de consumo doméstico y encontraron incumplimientos del máximo legal de 50 miligramos por litro en Sineu (73 mg/l), Campos (63 mg/l) y Petra (60 mg/l).
El coordinador del Área del Agua de EeA, Koldo Hernández, que ha presentado el estudio este jueves, ha detallado que “en 8 puntos se detectaron valores superiores a 400, 38 con valores superiores a 200 y 284 con valores superiores a 100, lo que produjo efectos de contaminación en el agua potable de 12 municipios”.
El caso de Balears se ha puesto como ejemplo en un acto en el que se ha destacado que, en el conjunto de España, la contaminación por nitratos originada por la agricultura intensiva de regadío y las macrogranjas afectó al agua disponible para el consumo de más de 200.000 personas (214.851) de 171 municipios a lo largo de 2022.
Según el informe, un 37 % de las aguas subterráneas españolas y un 11 % de las superficiales superaron los límites permitidos de este contaminante, de 50 mg/l (miligramos por litro).
“Dado que ambas actividades económicas siguen creciendo en nuestro país, es previsible que también lo haga al mismo ritmo esta contaminación”, advierten los ecologistas, según los cuales el daño generado no sólo supone “un grave riesgo” para la salud humana, sino que afecta “en muchos casos de forma casi irreversible” al ecosistema.
El informe, elaborado con datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico solicitados por la organización ecologista, también señala que el límite actual de 50 mg/l, estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es insuficiente y debiera reducirse” hasta los 4 mg/l para “asegurar un agua pública de calidad” y proteger a la población.
Koldo Hernández ha insistido en que las poblaciones afectadas pertenecen en su mayoría a zonas rurales, las cuales “están perdiendo muchos derechos, incluyendo el de un agua potable de calidad”.
“Resulta inadmisible” que se permita el porcentaje de nitratos, dada su implicación en el desarrollo de cánceres y siendo el límite permitido para los ecosistemas fluviales la mitad que el permitido para el agua de boca, ha indicado.
Dolor de cabeza, mareos, cansancio, vómitos, aceleración del latido cardíaco, pérdida de coordinación muscular y coloración azul de la piel son algunos efectos adversos del consumo prolongado de agua con exceso de nitratos, que también “está asociado a malformaciones congénitas” y se deben a la metahemoglobinemia, una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno y puede impedir su llegada a los tejidos.
Para Hernández, en realidad “los datos deberían ser más escandalosos” ya que “un 40 % del territorio no se analiza” y el 60 % restante sólo una vez anualmente, “lo que no quiere decir que el resto del año no pueda superar la cantidad permitida”.
“El agua pública de calidad es un derecho” que la administraciones públicas deben asegurar, ha recordado, ya que “el agua embotellada, que en muchas ocasiones también sale de abastecimientos públicos, no es la solución”.
La organización ecologista ha exigido la reducción del uso de abonos nitrogenados, al menos el 20 %, de acuerdo con la conocida ‘Estrategia de la granja a la mesa’ de la UE, y el freno a la expansión de la ganadería intensiva tanto a nivel nacional como autonómico.
“Contaminar sale gratis y vivir de una forma saludable cuesta dinero”, ha resumido Hernández, quien ha instado a las instituciones públicas a poner una solución a este problema que incluya el pago de sobrecostes de la potabilización del agua por parte de los responsables económicos causantes de la contaminación. EFE
