Palma, 2 may (EFE).- Un juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el director del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud), Javier Ureña, tras una denuncia del PSIB que le acusa de prevaricación por dejar expirar la reclamación del sobrecoste de las mascarillas compradas por el Govern a una empresa investigada en el caso Koldo.
En su escrito, el magistrado del juzgado de instrucción 7 de la capital balear, Antoni Garcías, señala que el PSIB acusa a Ureña de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión.
El juez ha ordenado el traspaso de las diligencias al Ministerio Fiscal para que se pronuncie.
A raíz de la pandemia mundial de COVID-19, el Govern balear, presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSIB), compró en abril de 2020 un total de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional.
Las mascarillas, que no cumplían con la calidad exigida para su uso sanitario según certificó la Conselleria de Salud al recibirlas, quedaron almacenadas.
Los socialistas mantienen que ellos iniciaron en julio de 2023 el expediente de reclamación de 2,6 millones, la diferencia entre el valor de las mascarillas FFP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70% más baratas.
Por su parte, el actual director general de Ib-Salud, Javier Ureña, sostiene que el Govern de Armengol nunca informó al ejecutivo de Marga Prohens del sobrecoste de esas mascarillas, ni inició tal reclamación a la empresa investigada.
El expediente de reclamación, explicó, lo firmó él mismo el 24 de agosto de 2023 por un total de 2,6 millones de euros, aunque finalmente caducó.
En marzo pasado, Ib-Salud abrió un nuevo expediente administrativo para exigir los 3,7 millones de euros, la totalidad del dinero pagado a Soluciones de Gestión.
El PSIB sospecha que Ureña dejó caducar la primera reclamación por presiones de la trama presuntamente corrupta que se investiga en el caso Koldo y trató de eludir esa responsabilidad con un nuevo expediente tramitado sin el aval de los servicios jurídicos del Govern.
La Fiscalía Europea ha anunciado la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama.
El Govern balear financió la totalidad del coste de las mascarillas con fondos de la Unión Europea (UE).
