Palma, 18 may (EFE).- El perito experto en legislación sobre mascarillas de protección Arturo Molina ha asegurado este viernes en Palma que el 1,5 millón de cubrebocas que almacenó el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud) tras declararse la pandemia mundial de la Covid-19 “no es que fueran necesarias, sino que hubieran salvado muchas vidas”.
“Puedo decir como ciudadano es que casi cualquier cosa que nos tapara la nariz y la boca en algún grado nos protegía de este virus tan letal”, ha afirmado Molina con ocasión de su declaración en el Parlament balear en la comisión de investigación sobre el caso Koldo y la compra de mascarillas por la administración balear a la empresa Soluciones de Gestión.
Molina redactó en noviembre de 2023 un informe de alegaciones de esta empresa contra la decisión del Ib-Salud de denunciar el contrato de compra de las mascarillas por un valor de 3,7 millones de euros al entender que las mascarillas suministradas eran de peor calidad que las encargadas.
El perito ha subrayado que en abril de 2020 el Ib-Salud contrató las mascarillas y que la situación en España estaba “muy mal”, con 1.000 fallecidos diarios debido a este virus, por que los profesionales sanitarios “acabaron protegiéndose con lo que tenían a mano”.
Por ello, cualquier tipo de mascarilla, más allá de su clasificación como FFP2 (europea) o NK95 (china), habría servido de “gran valor” para proteger a los sanitarios. “Muchos profesionales caían en el ejercicio de su trabajo”, ha apostillado.
Según declaró esta semana en esta comisión el exdirector general del Ib-Salud Manuel Palomino, este montante de mascarillas se compró con el único objetivo de repartirlas entre los ciudadanos, no entre los sanitarios, cuando fueran necesarias en el periodo de desescalada de la pandemia, por lo que fueron almacenadas como “stock de emergencia”.
Durante su intervención, Molina ha explicado que en abril de 2020 en toda Europa no había FPP2, las mascarillas que se fabrican en este continente, y que su producción era muy pequeña.
Estos cubrebocas eran los autorizados por las autoridades de la UE para proteger a los profesionales sanitarios tras el estallido de la pandemia, ha señalado.
Sin embargo, la UE y el Gobierno de España validaron la importación de las KN92 de China, con el correspondiente certificado del país asiático, ante la gravedad de la situación y la necesidad de protección.
El experto, que ha advertido que es “perito de parte”, ha mantenido que las KN95 que compró el Ib-Salud tienen “unas prestaciones muy altas”, pero no son “iguales” a las FPP2; son más bien “equivalentes” y habrían servido para la protección del personal sanitario.
A su parecer, los argumentos empleados por el Ib-Salud para reclamar 2,6 millones de euros, la diferencia por la calidad de las mascarillas solicitadas y las recibidas, “no parece que se ajusten a la regulación de estos productos”.
