Palma, 11 jun (EFE).- El Parlament balear ha validado en el pleno de este martes el Decreto Ley de Simplificación Administrativa del Govern con el apoyo del PP y Vox y el voto contrario de la oposición, que estudiará recurrir el texto al Tribunal Constitucional (TC).
El denominado “decreto ómnibus” elimina trabas burocráticas inútiles, según el Govern, mientras que para la izquierda representa una supresión de garantías.
El Decreto Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Racionalización Administrativas de las Administraciones Públicas de las islas fue aprobado en mayo pasado con el fin de que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos.
Con este decreto, que se tramitará como ley, se modifica el texto total o parcial de unas cincuenta leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados.
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, ha dicho que con esta iniciativa política se pone fin a “ocho años de burocracia administrativa (del Govern progresista) a y una telaraña insoportable para los ciudadanos y empresas”.
El propósito es “mejorar la relación” entre los ciudadanos y la administración, que no puede ser un “problema que retrasa años y años los proyectos: esto se ha acabado”.
El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido la simplificación burocrática, como en lo referido a la reforma de las casas que se encuentran en suelo rústico, la externalización de las ITV o la agilización de las licencias para construir viviendas.
Desde el PSIB, su portavoz, Iago Negueruela, ha manifestado que este decreto ley supone “la mayor depredación administrativa y del territorio de nuestra historia”.
Los socialistas estudiarán “todas las maneras posibles” para acudir al Tribunal Constitucional para “frenar esta norma”, que es un “ataque frontal contra nuestro territorio”. “Se trata de una norma ultraliberalizadora” que supone legalizar la construcción en suelo rústico o abrir sobre los mismos aparcamientos públicos, ha criticado.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido que el PP, cada vez que gobierna, legaliza las construcciones ilegales en suelo rústico y promueve los intereses individuales y no el interés general de los ciudadanos. De manera expresa, Apesteguia ha rechazado la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente y las evaluaciones medioambientales.
“Más cemento y más dinero para los bolsillos de los mismos”, ha resumido MÉS de este decreto ley.
Podemos, en voz de su diputada Cristina Gómez, cree que la única buena noticia de este martes es que este decreto se tramitará como ley, pero de todos modos es un “peaje” del PP al “negacionismo climático” de Vox.
Por su parte, Vox ha apoyado esta iniciativa del PP y ha defendido que la administración pública “debe un instrumento sencillo al servicio de la ciudadanía, “simple y resolutivo”, ha manifestado la portavoz de este grupo, Patricia de las Heras.
