“Volver a dejar construir en zonas de riesgo de inundación o de incendio, legalizar construcciones en rústico sin tener que cumplir los mínimos parámetros que marca la ordenación territorial, contradecir normativas superiores y hacerlo todo por vía de un Decreto Ley basado en una “extraordinaria y urgente necesidad”, representa una modificación muy sustancial de las condiciones legales del territorio de las Islas Baleares y una enorme arbitrariedad que genera elevadas discriminaciones entre la ciudadanía”. Así define el GOB Menorca el Decreto Ley ómnibus del Govern Balear, llamado de simplificación administrativa, que ha retocado docenas de textos legales. En opinión del GOB, esta iniciativa incluye diversas causas de potencial inconstitucionalidad.
Por estos motivos, se ha enviado un estudio de consideraciones jurídicas a la Presidencia del Gobierno Central y a varios grupos parlamentarios de Madrid, para pedir que el nuevo texto sea recurrido ante el Tribunal Constitucional.
La iniciativa ha sido presentada esta mañana en Palma en rueda de prensa conjunta del GOB a nivel interinsular, con presencia de representantes de Mallorca, Menorca e Ibiza.
“Un Decreto Ley que solo obedece a intereses particulares
Cuando se intenta buscar argumentos para justificar que se vuelva a permitir la construcción dentro de zonas de riesgo, como inundación o incendio, cuesta encontrar explicaciones que respondan a un interés general. La regulación para impedir nuevos asentamientos dentro de zonas que pueden terminar en tragedia, surgió después de muchos casos que habían terminado en tragedia. Pretender ahora olvidar estas precauciones, solo puede explicarse para satisfacer determinados casos con intereses particulares, pero nunca como una ordenación con una mínima racionalidad”, señalan.
Y destacan que “quizás por estos motivos, el Decreto Ley también ha modificado el concepto de lo que debe entenderse por “interés general”. A partir de ahora, ya no es necesario que los beneficios de los proyectos trasciendan los meros intereses individuales , como se venía exigiendo a la legislación hasta ahora vigente”.
Agravios comparativos y competencia desleal
La disposición que permite legalizar construcciones en rústico “representa también una norma arbitraria, cuando genera agravios comparativos entre la ciudadanía”.
A cualquier persona que quiera realizar una construcción en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías, o de otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las oportunas licencias.
Ahora, explican, “se pretende legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que rigen para quienes hacen las cosas bien. Especialmente grave puede resultar en caso de negocios. Permitir legalizar negocios en rústico sin exigirles los mismos parámetros que han tenido que observar los que han puesto negocios similares en marcha, se convierte en competencia desleal. De esta forma, las empresas que tramitan las cosas legalmente acaban teniendo más cargas y eso impide que la actividad económica posterior no parta con las mismas oportunidades.
Recuerdan que este ha sido, por ejemplo, uno de los principales argumentos que provocó una sentencia anulando la declaración de interés general del parque acuático de Biniancolla , en Sant Lluís, cuando otra empresa similar entendió que las cargas que habían asumido quienes lo habían hecho legalmente eran muy superiores y que esto era competencia desleal.
Por estos motivos, desde el GOB se considera que el Decreto Ley puede representar la “mayor operación especulativa de la historia de la democracia en las islas”.
Regresión ambiental en la evaluación de proyectos
El Decreto Ley también modifica la Ley de Evaluación Ambiental, que ve cómo determinados parámetros aumentan sustancialmente el parámetro que hasta ahora marcaba la obligación de realizar evaluación ambiental.
Por ejemplo, debían pasar la declaración los embalses de agua superiores a 500.000 m3 y ahora se cambian por 2.000.000 m3, es decir, cuatro veces más, sin explicación alguna.
Tampoco se encuentra explicado el cambio que puede evitar declaración de impacto ambiental en los proyectos de regeneración de playas. Hasta ahora, tenían que hacerlo todos los proyectos de este estilo y ahora solo aquellos que superen los 500.000 m3.
Modificaciones en la Ley de Menorca Reserva de Biosfera
El Decreto Ley también se ha aprovechado para reducir aspectos interesantes de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, de nuevo sin ninguna explicación, según el GOB
Por ejemplo, se eliminan cosas como:
- El carácter vinculante hasta ahora registrado en la Ley de los objetivos de descarbonización de la isla.
- El carácter vinculante de los objetivos de la Agenda Urbana.
- El mandato de ordenar la actividad turística de forma coherente con los umbrales de capacidad de carga que de la isla se determinen.
- El objetivo de incrementar las energías renovables para reorientar la central térmica de Maó hacia una instalación de soporte y emergencia.
- La implantación de zonas de bajas emisiones.
- El mantenimiento y la mejora de la conciencia cívica colectiva, del asociacionismo y del voluntariado .
- El Comité para la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera.
- El régimen de funcionamiento de la Autoridad Consultiva de la Reserva.
Recuerdan desde el GOB que las Reservas de Biosfera declaradas por la Unesco tienen la categoría de áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Un Decreto Ley que no justifica la urgencia
La fórmula del Decreto Ley puede usarse solo por situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, “pero nada parece que encaje en una premisa de ese estilo. No es urgente dejar construir en zonas de protección de riesgo. No existe ninguna urgencia en legalizar construcciones en rústico que responden a estrictos intereses particulares. No es ninguna necesidad extraordinaria provocar competencia desleal a las actividades económicas en rústico…”, enumera el GOB.
Y recuerdan que, aunque esté prevista la tramitación del Decreto Ley como Ley ordinaria, la realidad es que “tres Consells Insulars ya han tomado el acuerdo de poner en marcha la posibilidad de legalizar edificios. Con lo cual, se ha hecho efectiva la vía de la urgencia, aunque no esté justificada”.
Presidencia del Gobierno Central o grupos parlamentarios
La vía de la presentación de un recurso de potencial inconstitucionalidad de una norma aprobada en un parlamento autonómico corresponde a la Presidencia del Gobierno Central, o a la iniciativa de al menos 50 parlamentarios que dirijan una petición en este sentido al Tribunal Constitucional.
El GOB ha trabajado un texto con abundante argumentación jurídico y dirige su petición a las dos posibilidades existentes.
“Confiamos en que el desaguisado provocado por este Decreto Ley tan irresponsable pueda ser finalmente reconducido por otras instancias”, manifiestan.
No sé que adicción maniática y enfermiza tiene el PP con el cemento y el maltrato interesado de nuestro territorio, bueno, lo que queda del mismo
Este partido podría gobernar muchos años, si cada vez que accede al poder NO se dedicará machaconamente, y ya de primeras de forma recurrente, a licenciar más desvarío urbanístico
En fin, otra decepción con mi voto, habrá que volver a pensar votar a los de antes…..