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UGT denuncia que la mala gestión de Correos esconde un intento de privatizar el servicio

La situación de Maó es crítica y cada vez se tarda más en entregar notificaciones administrativas que llegan fuera de plazo

En horas bajas
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Foto: Pixabay

El servicio postal en Menorca está atravesando una situación crítica, según denuncia el sindicato UGT. En una reciente intervención en Radio Menorca, la delegada sindical Luisa Costa expuso una serie de deficiencias en la gestión de Correos, que estarían afectando gravemente la calidad del servicio. Costa alerta sobre lo que considera un deterioro deliberado, con el objetivo final de favorecer un proceso de privatización del servicio postal público en la isla.

Una ley que garantiza un servicio postal de calidad

La Ley 43/2010, que regula el servicio postal en España, establece claramente en su artículo 8 el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio postal universal de calidad. Este servicio debe estar disponible de manera permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles, asegurando la cohesión social y territorial. Además, la ley subraya que el servicio debe prestarse sin discriminación geográfica y con eficiencia, algo que, según UGT, no está ocurriendo en Menorca.

El Estado, según este marco legal, tiene la obligación de garantizar que un operador designado cumpla con estas exigencias, estableciendo los medios y garantías necesarias para que el servicio postal universal se mantenga como un bien público accesible a todos los ciudadanos. No obstante, las recientes prácticas en la gestión de Correos parecen ir en dirección opuesta a lo estipulado por la ley, algo que preocupa profundamente a los trabajadores y a los usuarios del servicio en Menorca.

Una gestión deficiente que afecta a todos

Luisa Costa detalla cómo la priorización de servicios de paquetería sobre el correo convencional ha deteriorado la calidad del servicio postal en Menorca. “Cada vez más notificaciones importantes, como las de índole administrativa o sanitaria, no se entregan en tiempo y forma, lo que puede comprometer gravemente a los destinatarios”, explicó la delegada sindical. Esta situación es especialmente alarmante en una isla donde el acceso a ciertos servicios puede depender de la puntualidad de las comunicaciones postales.

El problema se agrava por una mala gestión del personal. Costa denuncia que no se están cubriendo las bajas laborales, lo que repercute directamente en el servicio de entrega. La falta de personal ha generado retrasos significativos y ha empeorado la organización interna del sistema postal. De hecho, se ha llegado al extremo de que una carta enviada desde Alaior a un destinatario del mismo pueblo tenga que salir de la isla, llegar hasta Valencia, para finalmente volver a Menorca, un proceso que evidencia la ineficiencia del sistema actual.

Esta situación, según Costa, está afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios. Los empleados de Correos en Menorca se sienten obligados a seguir las instrucciones de una dirección que, a su juicio, gestiona de manera inadecuada lo que debería ser un servicio público fundamental. El deterioro del servicio no solo afecta a las cartas, sino también a la moral de los empleados que se ven atrapados en un sistema disfuncional.

Una estrategia de privatización encubierta

UGT sugiere que detrás de esta ineficaz gestión podría haber una estrategia para favorecer la privatización del servicio postal. Costa recordó que Correos recibe una subvención estatal destinada a garantizar un servicio de calidad y de cobertura universal. Sin embargo, según la delegada sindical, la actual gestión está encaminada a hacer que esta subvención se pierda en el próximo ejercicio presupuestario, lo que allanaría el camino para una privatización del servicio.

Este proceso de deterioro deliberado del servicio sería, en opinión de Costa, una forma de justificar una futura externalización del servicio postal en manos de empresas privadas que estarían interesadas en asumir el control de este sector. Esta denuncia no es nueva, ya que en otras partes de España se ha advertido de maniobras similares en la gestión de Correos, pero en el caso de Menorca, los efectos se ven agravados por la situación insular, donde la dependencia de servicios eficientes es aún mayor.

El impacto en los usuarios

El servicio postal es esencial para muchas actividades diarias de los ciudadanos, y su deterioro afecta particularmente a los más vulnerables. Notificaciones importantes relacionadas con la salud, trámites administrativos, sanciones de tráfico o cualquier tipo de documentación oficial deben ser entregadas en tiempo y forma. En el caso de Menorca, donde los tiempos de respuesta ya son más prolongados debido a la condición insular, cualquier retraso adicional puede tener consecuencias graves.

Además, la mala gestión del servicio está afectando la confianza de los ciudadanos en un sistema que debería ser fiable. Costa enfatiza que los usuarios tienen el derecho, según la ley, a un servicio postal de calidad y que el actual estado de cosas en Menorca viola claramente este derecho. A medida que más y más personas experimentan retrasos y problemas en sus envíos, crece la indignación frente a una situación que parece no tener solución a corto plazo.

Ante este panorama, UGT ha instado a las administraciones competentes a tomar cartas en el asunto. La organización sindical exige una intervención urgente para revertir el deterioro del servicio y garantizar que se cumpla con las obligaciones de servicio público universal que establece la ley. Costa recordó que el servicio postal es una herramienta fundamental para asegurar la cohesión social y territorial, y que su progresiva privatización no puede ser la solución a los problemas actuales.

La incertidumbre sobre el futuro de Correos en Menorca está generando preocupación tanto entre los trabajadores como entre los usuarios. La posibilidad de que se privatice el servicio plantea interrogantes sobre si se mantendrá la accesibilidad y la calidad del servicio para todos los ciudadanos, especialmente en zonas rurales o menos pobladas, que son las primeras en verse afectadas por la mercantilización de los servicios públicos.


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