Las organizaciones agrarias han solicitado al Gobierno que subvencione un arranque de viñedos para adecuar la oferta de vino a una demanda en retroceso, una medida polémica a la que se ha opuesto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que no cuenta con el consenso de todo el sector.
Mientras Asaja, COAG y UPA, de manera conjunta, y Unión de Uniones, por su parte, han hecho llegar esta propuesta a las Administraciones, otros agentes del sector, como los bodegueros, no consideran que subvencionar el arranque de viñas sea, en general, una solución, salvo casos particulares que habría que analizar.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha descartado que España vaya a optar por el arranque de viñas como respuesta al descenso del consumo mundial de vino, como sí ha hecho Francia, país al que la Comisión Europea le ha autorizado a entregar ayudas por 120 millones de euros para arrancar 30.000 hectáreas.
“Cada país tiene su propia problemática y sus propias soluciones, hoy por hoy”, afirmó Planas durante su participación a mediados de este mes en Dijon (Francia) una reunión de ministros de países miembros de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV).
Planas explicó también que en España ha habido “problemas puntuales” por los que algunas comunidades autónomas han lanzado programas de ayudas-
Y aseguró que, si hicieran falta más medidas, se tomarían, pero insistió en que “este no es el caso” y advirtió que los productores también deben asumir sus responsabilidades a la hora de controlar sus rendimientos.
Unas 95.000 hectáreas en juego
La postura del ministro ha motivado la reacción de las organizaciones agrarias que, como ha hecho UPA, le han pedido que reconsidere su negativa y que el arranque se lleve a cabo con sensibilidad social y dé preferencia a los pequeños a agricultores, los jubilados y los que estén en peor situación económica.
También ha reaccionado COAG, que ha enfatizado que de subvencionar el arranque de viñedo depende que puedan salvarse más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10 % del total en España, que quedarían en abandono si no se subvenciona su arranque.
En su petición conjunta, Asaja, COAG y UPA han solicitado una ayuda financiera al arranque de viñedo que sea independiente de su posterior replantación o arranque definitivo.
También han propuesto que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera.
Tras el periodo máximo de seis años, las organizaciones han propuesto que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva.
Esta compensación podría sufragarse con fondos de la Unión Europea (UE), de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados miembros, según la propuesta de estas organizaciones, que también defienden que la Comisión Europea (CE) prohíba nuevas autorizaciones de plantación para 2025, 2026 y 2027.
La posición de los bodegueros
Los bodegueros, por su parte, representados por la Federación Española del Vino (FEV), considera que el sector debe contar con mecanismos de flexibilidad para adaptarlo a cada realidad y que pueda responder en situaciones de crisis, pero no contempla el arranque como una medida adecuada de forma general.
“Eso no quiere decir que no haya determinadas zonas que no tengan problemas y lo tendrán que analizar (el arranque de viñedos), pero creemos que tiene mucho más sentido el control del potencial del productivo por otras vías que un arranque, que sería irreversible”, ha expresado a Efeagro el director general de la FEV, José Luis Benítez.
Además, Benítez ha cuestionado que un arranque de viñedo tenga que ser incentivado de manera económica y ha señalado que, en caso de tener que llevarse a cabo, debería ir a acompañada de ciertas medidas de condicionalidad referida sobre todo a que no haya un aumento alternativo de los rendimientos.
