El GOB ha denunciado la reincidencia de un caso de alquiler turístico ilegal en suelo rústico, destacando la ineficacia de las sanciones impuestas para disuadir esta práctica.
En un caso documentado, una denuncia presentada en agosto de 2023 contra un alojamiento no autorizado en suelo rústico tardó 16 meses en resolverse con una sanción cuyo importe no ha sido detallado. Sin embargo, el establecimiento volvió a promocionarse de manera irregular apenas una semana después de recibir la multa.
El GOB sostiene que las sanciones actuales no disuaden a los infractores, ya que los beneficios obtenidos durante la temporada alta superan con creces las multas impuestas. La organización hace un llamamiento a reforzar las políticas de control y aplicar sanciones más severas, siguiendo el ejemplo de otras localidades como Palma, donde se han impuesto multas millonarias para combatir el alquiler turístico no reglado.
Asimismo, advierte de que la oferta no reglada perjudica tanto a los establecimientos legales, que cumplen con las normativas, como al mercado de vivienda, dejando a la población residente en una posición vulnerable. El GOB insta al sector empresarial y a las administraciones a tomar medidas más contundentes para regular la capacidad de alojamiento y garantizar un turismo sostenible.
