Palma, 18 nov (EFE).- La Delegación del Gobierno en Baleares ha respondido este lunes a Vox que la realización de pruebas médicas para determinar la edad de menores migrantes que llegan al archipiélago es un procedimiento que depende exclusivamente del Ministerio Fiscal.
Tal procedimiento se reserva únicamente para los casos en los que sea estrictamente necesario certificar este aspecto ante la ausencia de documentación acreditativa, ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado tras la propuesta de Vox de este lunes de realizar pruebas dentales a los menores no acompañados que llegan a Baleares para concretar su edad real.
La Delegación ha explicado que el protocolo vigente establece que estas pruebas deben ser mínimamente invasivas, proporcionadas y respetuosas con la integridad de los afectados, tal y como exige la normativa en materia de protección jurídica de los menores.
Además, en ningún caso pueden realizarse en contra de la voluntad del menor, garantizando así el respeto a sus derechos fundamentales.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha pedido este lunes que “se deje de utilizar a los menores no acompañados como arma política para justificar o asegurar apoyos a los presupuestos”.
Badal ha advertido que situar a estas personas en el centro del debate político pone en riesgo su dignidad, especialmente al tratarse de un colectivo altamente vulnerable que requiere políticas y actuaciones solidarias por parte de los poderes públicos.
El delegado ha reiterado que el principal objetivo de las instituciones responsables de la tutela de menores es garantizar la protección integral de este colectivo, cumpliendo con las competencias que les han sido asignadas y promoviendo su bienestar y desarrollo.
Asimismo, ha recordado que los menores migrantes no acompañados son sujetos de derechos reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional, y que deben ser tratados con la máxima sensibilidad y respeto por su situación.
Rodríguez también ha insistido en que las pruebas médicas para determinar la edad no pueden aplicarse de manera indiscriminada ni utilizarse como herramienta para otras finalidades que no estén estrictamente relacionadas con la identificación y protección de los menores.
En este contexto ha señalado que cualquier debate sobre este tema debe centrarse en el cumplimiento de los derechos humanos y en la búsqueda de soluciones solidarias y responsables.
