Palma, 26 nov (EFE).- El Parlament balear ha aprobado este martes con la Ley de Simplificación Administrativa permitir la edificación en zonas de riesgo, aunque la intención del Govern es promover un decreto que corrija su postura inicial y prohibir nuevas construcciones en áreas inundables.
El Govern no ha logrado cerrar un acuerdo con la oposición porque, aunque tras la catástrofe de Valencia coinciden en impedir edificar en suelos de riesgo, mantienen sus diferencias respecto a la legalización de construcciones ya existentes en estas zonas.
El Parlament ha aprobado con los votos del PP y Vox el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que modifica 50 leyes autonómicas para eliminar burocracia y facilitar los trámites a los ciudadanos y empresas, según ha explicado el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante el debate final de esta iniciativa, derivada de un decreto ley aprobado en mayo.
La oposición (PSIB, Més y Podemos) ha votado en contra y ha criticado con severidad que, en realidad, esta ley es una “barra libre” para la construcción en suelo rústico y favorecer “pelotazos urbanísticos”.
La nueva ley permite construir en zonas de riesgo y legalizar las viviendas que están fuera de normativa. A propuesta de Vox, además, se podrán hacer obras de mejora de seguridad para hacer frente a los fenómenos meteorológicos adversos o de higiene.
El PSIB, en la pasada legislatura, prohibió la regularización de cualquier obra ilegal.
Además, estas viviendas podrán ser legalizadas a través del silencio administrativo.
El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha criticado que el Govern solo ha rectificado tras la dana de Valencia, que ha supuesto la muerte por ahora de 222 personas.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, le ha respondido que “ya basta de hacer política con desgracias y muertos” porque el PP nunca lo hizo con ocasión de la riada de Sant Llorenç en el año 2018, cuando los socialistas gobernaban la comunidad autónoma.
Con ocasión del debate, el conseller Costa ha anunciado que “el Govern no se quedará de brazos cruzados” y, en cuanto se publique en el BOIB la nueva ley, aprobará un nuevo decreto ley para “garantizar la seguridad de los ciudadanos de Baleares” y prohibir construir viviendas, nuevos urbanizables e instalaciones públicas en zonas de riesgo, a excepción de depuradoras.
Costa ha criticado el “tacticismo” de la oposición y, sobre todo, el “bloqueo” de cualquier acuerdo por parte del PSIB.
En nombre de los socialistas, la diputada Mercedes Garrido ha calificado de “nefasta” esta ley y ha echado en cara al PP que “solo sepa negociar” con Vox.
“El PP -ha asegurado- ha cometido el mayor atentado contra el territorio y los consensos territoriales de los casi 42 años de historia de la autonomía de Baleares”. Además, Garrido ha criticado la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
En este contexto, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha denunciado que el PP haya apostado por la “destrucción” del territorio y haya “antepuesto” los intereses económicos a la vida de las personas.
La simplificación administrativa no es “ni amnistiar casas en suelo rústico, ni legalizar casas en zonas de riesgo, ni prescribir los usos ilegales, ni hacer chaletarros con piscina, ni aumentar los visitantes a Cabrera, ni privatizar servicios públicos”, ha añadido.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha aseverado que esta ley supone uno de los “atentados más graves” contra el territorio balear y ha mantenido que el contenido de la misma no tiene nada que ver con la simplificación administrativa. También ha lamentado que el Govern esté “en manos” de los “negacionistas” de Vox.
La diputada de Podemos Cristina Gómez ha sostenido que “simpliflicar no es desregularizar”, ni tampoco dar el visto bueno a casas ilegales.
La diputada de Vox Patricia de las Heras ha mantenido que “sobra normativa y sobran procedimientos”, por lo que es necesario “desregularizar” y, si de dependiera solo de este partido, se habría “derogado directamente toda la normativa” aprobada por los partidos de izquierda.
De las Heras se ha preguntado si tiene algún sentido que prescriba el delito de asesinato y no así las construcciones ilegales. “Se llama seguridad jurídica”, ha apostillado.
El conseller Costa ha manifestado que la ley era “absolutamente necesaria” por las “importantes” medidas de vivienda, educativas, sociales y fiscales aprobadas y que responden al compromiso del PP con su programa electoral y con los ciudadanos.
