La reciente puesta en marcha del nuevo sistema de registro de datos de reservas ha generado confusión en el sector turístico, especialmente en el Reino Unido, principal emisor de turistas hacia España. La medida, que obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos a registrar información personal de los viajeros, ha desatado críticas por parte del sector, que se enfrenta a un proceso administrativo que considera complicado y contradictorio con las leyes de protección de datos.
Hasta ahora solo pedían el nombre de los turistas. A partir de ahora, las agencias deberán solicitar información adicional, como el correo electrónico y el teléfono, algo que no se les había requerido previamente. La medida está generando incomodidad entre los viajeros del Reino Unido, donde no existe un DNI, y muchos desconocen cómo facilitar estos datos.
El problema se complica aún más por los cambios constantes en los criterios administrativos. Hasta el 28 de noviembre, había una sola plataforma para el registro, pero, a partir de esa fecha, se introdujeron cambios que afectaron tanto a los alojamientos como a las empresas con sede en Cataluña.
Los cambios, que afectan principalmente a los viajeros de fuera de España, han suscitado preocupación por la imagen que se está proyectando al exterior. Esto podría tener un impacto negativo en las reservas para el próximo verano.
Este nuevo sistema, aprobado por el Real Decreto 933/2021, obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos, así como a las agencias de viajes, a proporcionar al Ministerio del Interior los datos personales de los turistas. Entre la información que debe incluirse en el registro figuran el nombre completo, el número de documento de identidad, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, el número de teléfono y el correo electrónico, además de los detalles sobre la transacción y el pago.
Las empresas están obligadas a conservar estos datos durante tres años. Sin embargo, la normativa establece sanciones económicas si no se cumplen las obligaciones. Las infracciones graves pueden acarrear multas de entre 601 y 30.000 euros, mientras que las leves oscilan entre 100 y 600 euros. Azucena Jiménez, gerente de ASHOME en Menorca, comentó en Radio Menorca que el sector turístico ya está acostumbrado a hacer una buena gestión de los datos de sus clientes y que esto supone una ampliación del control que ejercían hasta la fecha sobre los turistas pero que es preciso tener presente qué dice la legislación en cuanto a Ley de protección de datos.
Aunque desde el Ministerio del Interior aseguran que la medida no tiene fines recaudatorios y que busca mejorar el control de los turistas, el sector sigue cuestionando su eficacia y su impacto en la imagen de España como destino turístico.
