Palma, 17 dic (EFE).- El grupo ecologista GOB se reunirá con los partidos de la oposición para insistir en la necesidad de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de simplificación administrativa que considera una “operación especulativa” y una involución en materia ambiental y de protección territorial sin precedentes.
La entidad ha advertido este martes en un comunicado de que los decretos que se prevé que apruebe el Parlament para evitar la construcción en zonas inundables son “insuficientes” porque mantienen la amnistía a los propietarios de construcciones ilegales en suelo rústico que “no puede tolerarse”.
La negociación de PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca con el PP prohíbe la construcción de nuevos proyectos y la legalización en zonas inundables pero sigue permitiendo la aministía de casas y usos ilegales en rústico sin tener que cumplir los mínimos parámetros que marca la ordenación territorial.
Los decretos del Govern que aprobará el Parlament por estos acuerdos con la izquierda “salvan la construcción y legalización en inundables” pero el GOB advierte de que siguen posibilitando “que se puedan seguir construyendo nuevas edificiaciones en otras zonas de riesgo, como de incendio, deslizamiento y erosión”.
La entidad verde considera que se mantienen y se añaden causas de inconstitucionalidad contra la llamada ley de simplificación tras los nuevos decretos que se aprueban este martes y confía en que los grupos de la oposición impulsen iniciativas en este sentido, “tanto desde el Gobierno como desde los parlamentos”.
El GOB incide en que la disposición que permite legalizar construcciones en rústico “es una norma arbitraria, generando agravios comparativos entre la ciudadanía”.
Recuerdan que, a cualquier persona que quiera realizar una construcción en suelo rústico, se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías, o de otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las oportunas licencias.
“Ahora, se podrán legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los requisitos que rigen para quienes hacen las cosas bien”, critica la entidad.V
