El GOB ha presentado alegaciones al proyecto de saneamiento previsto en la cala de Sant Esteve, señalando dudas sobre su cumplimiento con la normativa vigente y el impacto que podría tener en el entorno natural de la zona. Según el GOB, aunque la instalación de un sistema de recogida de aguas residuales podría reducir el riesgo de contaminación en el área de baño, también abriría la puerta a la construcción en parcelas actualmente sin edificar debido a la falta de infraestructuras básicas.
El proyecto, que inicialmente fue aprobado, ha sido modificado, situando la estación de bombeo en el final del barranco de Sant Esteve, dentro de la zona de policía de torrentes. Esta ubicación contradice el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que prohíbe este tipo de infraestructuras salvo que no existan alternativas viables y se garantice su funcionamiento durante episodios de inundación. El GOB señala que el proyecto no incluye análisis de alternativas fuera de esta zona ni medidas específicas para prevenir riesgos en caso de riadas, pese a que hay espacios disponibles que no presentan este peligro.
Además, la ubicación también podría contravenir la Ley de Costas, que prohíbe la instalación de infraestructuras de aguas residuales dentro de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección.
En cuanto al impacto paisajístico, el GOB destaca que la cala de Sant Esteve se caracteriza por su integración natural en el entorno, con vegetación autóctona que actúa como barrera entre el litoral y el paso de peatones. La organización critica la propuesta de instalar estacas y cuerdas como medida de protección contra caídas, ya que esto implicaría la eliminación de gran parte de la vegetación existente. Solicitan que las intervenciones se limiten a las obras estrictamente necesarias para el abastecimiento de agua y saneamiento, sin alterar la imagen característica de la cala.
El GOB también advierte sobre la reciente compra de más de 53.000 m² de terrenos adyacentes, incluidos los alrededores del fort de Marlborough, por parte de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria. Aunque estos terrenos son protegidos y la transacción en sí misma no tendría mayor relevancia, la organización expresa su preocupación por la coincidencia entre esta compra, las modificaciones legislativas impulsadas por el Govern balear y los cambios anunciados en el Pla Territorial del Consell, que podrían generar expectativas de construcción en la zona.
En su alegación, el GOB concluye que, aunque el proyecto puede mejorar la gestión de aguas residuales, es necesario garantizar que se cumpla con la normativa y se minimicen las afectaciones al paisaje y al entorno natural.
