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El Consell exige al Gobierno derogar el nuevo registro de viajeros

La medida ha sido aprobada en el pleno de hoy con los votos de PP y Vox

El PP insiste en que el registro vulnera derechos fundamentales.
El PP insiste en que el registro vulnera derechos fundamentales.

El Consell Insular de Menorca ha aprobado una propuesta de acuerdo del Partido Popular de Menorca para instar al Gobierno de España a derogar el nuevo registro de viajeros y a elaborar una normativa de consenso.

Esta regulación obliga a empresas de alojamiento y alquiler de vehículos a cumplir unas exigencias de registro documental que los populares consideran inasumibles, y consideran que crea inseguridad jurídica, desventaja competitiva, carga administrativa desproporcionada y vulnera el derecho a la intimidad y privacidad de los usuarios.

Así, el portavoz del PP en el Consell, Joan Pons, ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un registro que vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad de las personas, exigiendo la recopilación de hasta 30 datos por reserva de alojamiento y hasta 60 en el caso de alquiler de vehículos”.

De la misma forma, ha defendido que esta normativa genera “graves problemas operativos y económicos, porque no tiene en cuenta la realidad del sector y obliga a los negocios a hacer frente a una carga administrativa y tecnológica excesiva”, algo que Pons considera perjudica especialmente a aquellas empresas más pequeñas, que disponen de menos recursos para asumir nuevos costes y requerimientos legales. “Los empresarios ya tienen suficiente burocracia en su día a día, y lo que debemos hacer es dejarlos trabajar y no hundirlos con más papeleo”.

Pons ha recordado que la normativa ha sido “impuesta sin diálogo” y sin asesoramiento a las empresas afectadas. “Las entidades afectadas han alarmado sobre los efectos negativos de la misma. Tiene el rechazo de todo el sector, por lo que creemos que es necesario que se elabore una nueva propuesta que nazca del consenso”.

El PP entiende que la finalidad del decreto es la de reforzar la seguridad pública y prevenir delitos, pero la realidad es que ha levantado un amplio debate por el fuerte impacto que supone sobre la privacidad de los usuarios.

La propuesta de acuerdo ha salido adelante con el voto a favor de VOX, la abstención de Més per Menorca y el voto en contra del PSOE.


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