Palma, 27 ene (EFE).- El presidente del Parlamente balear, Gabriel Le Senne (Vox), asume que será juzgado por un delito de odio, por romper en un pleno una foto de unas militantes republicanas asesinadas en 1937, y defiende el principio de presunción de inocencia.
En un escueto comunicado, Le Senne ha querido manifestar su respeto a las resoluciones judiciales y su voluntad de seguir colaborando con la Justicia para aclarar los hechos ocurridos en el pleno del pasado 18 de junio.
“Cabe recordar que, a pesar de la apertura del procedimiento abreviado, el presidente sigue gozando de la presunción de inocencia”, ha subrayado Le Senne, que añade que el juez instructor se ha limitado a practicar las correspondientes diligencias de investigación que se deberán valorar en el juicio.
El titular del juzgado de instrucción 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha ordenado este lunes continuar la investigación contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), al apreciar indicios de un posible delito de odio cuando rompió la foto de les Roges del Molinar.
El juez instructor decreta en un auto la continuación de las diligencias contra el político de Vox al entender “que existen indicios suficientes para considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito (…) de odio”.
La Fiscalía pidió la semana pasada el archivo de la causa contra el presidente del Parlament, que el 18 de junio del año pasado, durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, rompió una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, asesinadas en Mallorca durante la Guerra Civil.
Recurso
La resolución dictada este lunes por el juez instructor no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado, en un plazo de tres días.
El juez da un plazo de diez días a las acusaciones para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento, sin perjuicio de que puedan pedir diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular sus escritos de acusación.
Le Senne declaró el pasado 27 de septiembre en los juzgados de Palma como investigado por un delito de odio después de romper la imagen de las activistas republicanas conocidas como ‘Las rojas del Molinar’, asesinadas por falangistas en la Noche de Reyes de 1937.
Durante el debate para tomar en consideración la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática, Le Senne arrancó las fotografías exhibidas en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la mesa, la socialista Mercedes Garrido.
En el auto, el juez instructor insiste en que “ha quedado suficientemente acreditado” que Le Senne, durante el debate, después de llamar al orden a las diputadas socialistas en tres ocasiones, mostró “rabia, ira y desprecio” hacia lo que representan las imágenes.
“Rompió parte del folio que contenían las mismas y el trozo del folio que le quedó en las manos, lo rompió en varios pedazos y los tiró al suelo”, recoge la resolución.
Para el juez, dichas acciones “no sólo menoscaban la memoria de las víctimas del franquismo, sino también de las familias de las mismas, del partido político al que pertenecían, además de la sociedad en general, ya que las mismas tienen concedidos numerosos honores y distinciones públicas por los valores que representan y simbolizan”, continúa el texto.
El auto hace hincapié en que los hechos investigados “no ocurren en cualquier lugar”, sino en la sede del Parlament balear, la institución que representa a la comunidad, y “tampoco suceden en cualquier fecha”, sino en la fecha en que se está precisamente discutiendo la derogación de la Ley de Memoria Histórica de las islas.
El juez también sostiene que Le Senne, como segunda autoridad de Baleares, “debió abstenerse de llevar a cabo dichas acciones no encajables en modo alguno en el cargo que representa”.
La Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Le Senne al entender que no quedaba debidamente acreditado el dolo por parte del investigado, mientras que el resto de partes querellantes interesaron la continuación del procedimiento.
La defensa del presidente del Parlament, por su parte, reclamó el archivo de las actuaciones porque su defendido “no tuvo responsabilidad alguna en los hechos denunciados”.
