El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entregado al Govern un listado de unos 7.000 pisos turísticos que se comercializan en las islas “sin publicitar su número de licencia”, de un total de 22.000 viviendas vacacionales localizadas en el archipiélago.
En declaraciones a los periodistas, Bustinduy ha destacado que ha entregado “por primera vez” a una comunidad autónoma la información recabada por la unidad de análisis del Ministerio de Consumo, una investigación que además incluye datos “sobre el tipo de alojamientos y sobre los anfitriones”.
El ministro ha señalado que es un “recurso valioso” para que las administraciones que tienen “voluntad política suficiente para intervenir, puedan hacerlo” y para que sea un ejemplo de cooperación institucional “para abordar este problema”.
“Los pisos turísticos ilegales y su proliferación son uno de los principales vectores de la crisis de vivienda que vive nuestro país”, ha remarcado Bustinduy, quien ha añadido que “detrás de la proliferación de estos modelos comerciales ilegales y de la persecución del lucro, muchas veces por unos pocos especuladores, se encuentra la situación de decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler”.
Al respecto, ha remarcado “más de un 30 % de la oferta de pisos turísticos” en el archipiélago balear “no respeta la obligación de publicar el número de licencia pertinente”.
Los datos recabados sobre pisos que se publicitan sin licencia, que también se aportarán a otras comunidades autónomas, son “una invitación a todas las autoridades a todos los niveles gubernamentales para que se tomen en serio este problema e intervengan”, ha afirmado.
Bustinduy ha recordado que el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de comercialización ‘on line’ por la publicidad de pisos turísticos sin licencia y que tiene en marcha investigaciones, como paso previo a la apertura de un expediente, “a grandes gestoras de pisos turísticos y también a grandes inmobiliarias” en diferentes zonas de España por contravenir la Ley de Vivienda al cobrar honorarios a los inquilinos en vez de a los propietarios.
En el caso de Balears, la información recabada debe servir de base para que las administraciones “competentes a nivel local, insular y autonómico” puedan intervenir, porque en sus competencias, el Ministerio tiene capacidad de “investigación y en su caso de sanción” sobre problemáticas que afecten a dos o más comunidades autónomas o al ámbito digital. EFE
