La empresa Endesa detectó en Baleares 845 casos de fraude eléctrico en el año 2024, lo que supone un incremento del 26 % respecto al año anterior.
La energía defraudada ascendió a más de 10,8 millones de kilovatios hora (kWh), un 68 % más que los 6,4 millones registrados en 2023.
Estas cifras, subraya Endesa en un comunicado emitido este viernes, reflejan la magnitud de un problema que afecta no solo a la seguridad, sino también a la calidad del suministro eléctrico y al coste para los ciudadanos.
Entre los municipios con mayor número de casos destacan Palma, con 312 casos y 4,15 millones de kWh defraudados; Santa Eulària des Riu, con 49 casos y 645.750 kWh; y Llucmajor, con 37 casos. Otros municipios afectados son Manacor (36 casos), Calvià (34), Eivissa (33) y Maó (7).
En el conjunto de España, Endesa detectó 71.000 casos de fraude eléctrico durante 2024, una media de 8 casos por hora o cerca de 200 al día, lo que supone un aumento del 33 % respecto a 2023.
La energía recuperada a nivel nacional superó los 867 millones de kWh, un 31 % más que el año anterior. Este volumen equivale al consumo de unas 250.000 viviendas, lo que evidencia el impacto económico y social del robo de energía.
Marihuana y grandes consumidores
Gran parte de los fraudes detectados están vinculados a plantaciones de marihuana y grandes consumidores, como industrias y negocios, en un contexto de creciente profesionalización del fraude.
En 2024, Endesa desmanteló en España más de 43 instalaciones manipuladas cada semana para alimentar cultivos de marihuana, en operativos realizados junto con las fuerzas de seguridad.
Estas plantaciones, conocidas como “indoor”, se localizan en edificios, naves, viviendas o pisos y representan un grave riesgo para su entorno.
Impacto en la seguridad
Endesa advierte que la manipulación de instalaciones eléctricas supone graves riesgos de incendios y electrocuciones, con posibles consecuencias fatales.
Además, en zonas donde proliferan estas plantaciones, la demanda de electricidad se dispara a niveles industriales, provocando sobrecargas en la red y cortes de suministro que afectan a los vecinos. En 2024, se registraron 24 incendios en centros de transformación de e-distribución debido a estas sobrecargas.
Cada plantación “indoor” de marihuana consume tanta energía como 80 viviendas de 100 metros cuadrados.
Estas demandas extremas afectan directamente a la calidad del suministro eléctrico en las zonas afectadas. Según Endesa, tras las intervenciones policiales para desmantelar estos cultivos, el consumo eléctrico en la zona cae drásticamente y las incidencias en la red pueden reducirse hasta en un 90 %.
Sin embargo, este efecto es temporal, ya que las conexiones ilegales suelen reactivarse en cuestión de días.
Un marco legal insuficiente
Endesa considera que la legislación española es más laxa en comparación con otros países europeos como Francia, Alemania o Italia, donde el fraude eléctrico puede conllevar penas de prisión y se distingue entre casos graves y leves.
En España, este delito se sanciona únicamente con multas, sin tener en cuenta agravantes ni reincidencias, lo que dificulta frenar la proliferación de conexiones ilegales.
El incremento del fraude eléctrico y sus consecuencias pone de relieve la necesidad de medidas más estrictas para combatir este problema, que impacta no solo en el suministro eléctrico y la seguridad, sino también en la economía y la convivencia ciudadana. EFE
