El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha lamentado este miércoles la falta de vivienda en las islas y por ello ha abogado por aplicar medidas que posibiliten un aumento de la oferta de vivienda a precios asequibles de compraventa y alquiler: “A todos nos encantaría que los precios fueran más bajos”.
El titular autonómico de Vivienda ha explicado este miércoles en una rueda de prensa los datos de los que dispone la Conselleria de la aplicación del plan de choque de vivienda en Balears, donde ha destacado la planificación y tramitación en las islas de unas 5.000 viviendas a precios asequibles.
Mateo ha sido preguntado por algunos aspectos de la ley aprobada el pasado mayo por el Parlament balear para introducir medidas extraordinarias y urgentes para aumentar la oferta de vivienda a precio asequible Y contribuir a la efectividad del derecho a la vivienda.
Con esta norma, en las islas se regula una nueva figura, denominada la vivienda de precio limitado, y modifica, además, diferentes disposiciones normativas para facilitar la incorporación de viviendas privadas al mercado a un precio asequible para la ciudadanía y sin consumir territorio.
En este sentido, sobre los módulos de viviendas de precio limitado, desde la Conselleria han recordado que se establecen dos tipos de viviendas, según si es obra nueva o surge, por ejemplo, de reformas, cambios de uso o división de vivienda.
Una vivienda nueva de 80 m2: 275.000 euros
Así, este departamento autonómico ha matizado que el precio máximo de alquiler varía según el tipo de municipio y la etiqueta energética, que por lo general suele ser categoría B. Por ello, una vivienda usada de 45 m2 sería de 491 euros, 655 euros en el caso de ser de 60 m2 y 873 euros mensuales por 80 m2.
En caso de ser de obra nueva, en términos generales, el alquiler partiría desde los 580 euros mensuales para una vivienda de 45 m2 hasta los 1.032 euros para el inmueble de 80 m2.
En cuanto a la venta de viviendas, la Conselleria ha recordado que el precio parte de los 131.000 euros en viviendas de 45 m2 hasta los 275.000 euros para un domicilio de obra nueva de 80 m2. En todo caso, para la vivienda protegida, estos costes decrecen un 30 %.
Por ello, el conseller Mateo ha hecho hincapié en la importancia de aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles ya que, “cuanta más oferta, el precio va a ser sin duda más asequible”.
“Si durante ocho años se ha seguido una única estrategia, que no ha sido demasiado bien ejecutada, nos encontramos con la situación que nos encontramos, pero no vamos a echar balones fuera”, ha dicho Mateo durante su intervención, que ha garantizado continuar generando vivienda asequible, así como más vivienda pública en las islas.
Por su parte, el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, preguntado sobre las quejas del sector de la construcción por las obras públicas quedan desiertas por plazos inasumibles y precios sin actualizar, ha reconocido los elevados costes de los material y el territorio limitado, un hándicap por el que ha insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio.
Imposición de la Ley estatal de Vivienda
Sobre la petición de Sumar de recortar la financiación a las comunidades que no aplican la Ley estatal de Vivienda, el conseller Mateo ha reiterado que las competencias en viviendas son asumidas por las autonomías, si bien a partir de allí hay una legislación básica con la que el Estado puede introducir una cierta legislación en la materia.
“Dentro de un margen que cada comunidad tiene, la comunidad puede elegir no hacerlo. Vamos a seguir insistiendo en derogar la actual ley de vivienda. No creemos en esas medidas”, ha defendido el conseller del PP.
En esta línea, ha remarcado que en aquellos lugares en los que se han aplicado las medidas de zonas tensionadas o topar los precios de la viviendas del alquiler, el resultado ha sido un “fracaso”, como ha ocurrido en ciudadanos como en Berlín o zonas como Catalunya, ha apuntado.
“Creo que el propietario opina es que se produce una intromisión en su derecho a la propiedad. Estas medidas no ayudan a solucionar el problema porque creemos en medidas incentivadoras”, ha apuntado. “No vemos de buen recibo que se pueda imponer esta norma a una comunidad que simplemente está ejerciendo en el ámbito de sus competencias”, ha concluido. EFE
