Las profesionales del sector social en Menorca, entre ellas educadoras, trabajadoras sociales, integradoras y auxiliares, han expresado su consternación y solidaridad tras el asesinato de Belén, una educadora social que perdió la vida mientras trabajaba en un piso de menores tutelados en Badajoz. A través de un comunicado, han querido trasladar su apoyo y afecto a la familia, amistades y compañeras de la víctima.
El colectivo ha denunciado que este trágico suceso es solo “la punta del iceberg” de una realidad en la que enfrentan insultos, amenazas y agresiones en su labor diaria. Señalan que la falta de planificación a largo plazo, la rigidez en la adaptación a los cambios sociales y la ausencia de protocolos adecuados afectan tanto a su seguridad como a la calidad de la atención a los menores en situación de vulnerabilidad y riesgo.
Las trabajadoras del sector denuncian una gran desprotección institucional, agravada por falta de recursos económicos y humanos, precariedad laboral, turnos rotativos y horas extras para suplir la escasez de personal. Esto, afirman, se traduce en falta de seguridad, condiciones laborales difíciles y deficiencias en la atención que pueden ofrecer a los menores.
Ante esta situación, exigen priorizar el sistema de protección de menores, revisar la intervención con personas con trastorno de conducta y menores con historias de abandono y trauma, y modificar las ratios de personal para garantizar condiciones de trabajo dignas. También reclaman una dotación suficiente de recursos y medidas que aseguren su seguridad física y emocional.
“El compromiso, la vocación y la dedicación no son suficientes”, afirman, y piden reconocimiento, dignidad y mejores condiciones para poder desarrollar su labor con seguridad y calidad.
