Mahón, 17 mar (EFE)-. Medio centenar de personas han exhibido este lunes por la mañana varias pancartas de “Vergüenza” dirigidas a la corporación del Consell de Menorca para protestar contra el acuerdo que permitirá amnistiar y regularizar miles de construcciones erigidas sin permiso en el suelo rústico de la isla.
“Quien ama Menorca no la destruye”, rezaba otro de los alegatos de los manifestantes, que han comparecido en la sala de plenos convocados por la entidad ecologista GOB para rechazar “la regresión ambiental y urbanística sin precedentes” que, según los ecologistas, supondrá la aplicación de la ley.
Para el gobierno del PP en el Consell, se trata de una medida “a favor del medio ambiente y de la vivienda pública” ya que, según ha explicado la consellera insular Núria Torrent, las multas de entre el 10 y el 15 % que se impongan a los infractores a cambio de legalizar sus construcciones, y dotarlas de sistemas de depuración, se destinarán a la gestión sostenible de espacios naturales y a habilitar suelo para pisos protegidos.
“Estas edificaciones ya han prescrito y, con independencia de la ley, existen y existirán siempre, así que es mejor que lo hagan con las condiciones adecuadas”, ha insistido Torrent, quien ha logrado sacar adelante la medida con el apoyo decisivo de la consellera de Vox, Maite de Medrano.
Por su parte, PSOE y Més per Menorca han rechazado el acuerdo, pero no han podido evitar la aprobación de una ley que, avisan, supondrá la “desprotección y destrucción masiva del territorio”.
La socialista Susana Mora ha afirmado sentirse “contenta de que el PP se haya quitado la careta y demuestre con hechos que, mientras pregona que limitará el alquiler turístico en suelo residencial, destruye el rústico” de Menorca.
Esteve Barceló, de Més, ha expresado su temor a que el gobierno del PP en el Consell pretenda utilizar esta vía para legalizar el parque acuático Splash, en Biniancolla, clausurado al finalizar la temporada pasada por orden judicial.
Al término de la sesión plenaria, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ha acusado al GOB de “no defender realmente el medio ambiente, sino el desgaste del equipo de gobierno”.
