La prisión de Menorca atraviesa una crisis sin precedentes. En el último concurso de traslados, 42 de un total de 94 funcionarios han dejado sus respectivas plazas, poniendo al centro en una situación crítica. Pero lo más preocupante es que actualmente no hay ningún servicio sanitario disponible: sigue sin cubrirse ninguna plaza de médico, los tres enfermeros están de baja, la única auxiliar de enfermería también está en incapacidad temporal y tampoco se dispone de farmacéutico. Esta es la descripción de la situación en el centro penitenciario que realiza el sindicato ACAIP-UGT.
Ante esta situación extrema, el personal que queda en la prisión se está viendo obligado a realizar funciones que no se corresponden con las de su categoría profesional, lo que puede dar lugar a responsabilidades. Ejemplo claro de ello es el administrar medicación sin la formación sanitaria adecuada, lo que representa un grave riesgo para la salud de los internos.
La insularidad, un desafío sin resolver
Uno de los factores clave que ha llevado a este escenario, según el sindicato, es la insularidad. Menorca es una isla con un coste de vida elevado, lo que la convierte en un destino poco atractivo para funcionarios estatales. Mientras que los empleados autonómicos han logrado una compensación de 410€ mensuales para paliar este sobrecoste, los funcionarios de prisiones aún no cuentan con un complemento de insularidad equiparable.
Este desequilibrio ha provocado una fuga constante de trabajadores y enormes dificultades para atraer nuevos profesionales. Sin incentivos adecuados, la prisión de Menorca se enfrenta a una sobrecarga de trabajo insostenible y una creciente sensación de abandono entre sus empleados.
Una denuncia de ACAIP-UGT
ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias, alerta sobre la situación de colapso que vive la prisión de Menorca y pide soluciones urgentes: cubrir las vacantes con incentivos reales que hagan atractiva las plazas, garantizar asistencia sanitaria para evitar riesgos tanto para internos como para funcionarios y actualizar el complemento de insularidad para que refleje el coste real de vivir y trabajar en la isla.
El problema de la prisión de Menorca no es solo un problema local ni una simple cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia, seguridad y equidad. Desde ACAIP-UGT se considera que ha llegado el momento de que se reconozcan las dificultades que supone la insularidad y se tomen medidas efectivas para garantizar unas condiciones dignas tanto para los trabajadores como para los internos.
