El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves una proposición no de ley de ERC para que el Gobierno limite la compra de vivienda de los ciudadanos extranjeros a aquellos que tengan su residencia permanente en España o puedan acreditar que han vivido en ella un mínimo de cinco años consecutivos.
La iniciativa incluye un “sistema de autorización previa” por el que los extranjeros que cumplan esos requisitos tengan que pedir un “permiso” a la comunidad autónoma correspondiente para llevar a cabo la operación.
De este sistema quedarían excluidas las empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, bajo determinadas circunstancias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero su intención de incrementar en un 100 % la carga fiscal sobre las compras de vivienda realizadas por ciudadanos extracomunitarios no residentes en España.
Una medida que la parlamentaria de ERC y autora de la iniciativa Etna Estrems considera “claramente insuficiente”.
La diputada recuerda en el texto que países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia y Malta ya han establecido limitaciones o requisitos específicos para “proteger” su parque de vivienda y que Canadá ha prohibido la compra por parte de extranjeros no residentes durante dos años para “frenar la especulación”.
La propuesta pasa por incluir estas medidas en la vigente ley de vivienda o en una normativa específica, “garantizando que las comunidades autónomas tengan competencia para evaluar los expedientes de las personas interesadas en adquirir una propiedad”.
También plantea ampliar los requisitos y “limitar la compra de vivienda en función de las necesidades y la realidad de su territorio”.
Más de 60.000 compras al año
Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, en 2023 las compraventas de vivienda efectuadas por extranjeros representaron un 20,9 % del total de operaraciones (63.183), por encima del 20,6 % de promedio en 2022.
Cataluña es la tercera comunidad con más operaciones, por detrás de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, con el 15 % de las compras realizadas por personas extranjeras, porcentaje que supera el 25 % en Barcelona, Girona y Tarragona.
“Estas operaciones, en muchos casos, no responden a proyectos de vida, sino a inversiones especulativas, segundas residencias o compras realizadas por grandes patrimonios y fondos internacionales”, señala Estems en su iniciativa
“El perfil ha cambiado: ya no hablamos solo del jubilado europeo que quiere establecerse en la costa, sino de nómadas digitales con alto poder adquisitivo, fondos de capital riesgo, familias de alto nivel económico procedentes de países extracomunitarios e inversores que utilizan la vivienda como valor refugio”, explica.
Según la diputada, el 60 % de las compras realizadas por extranjeros se hacen al contado, lo que indica una capacidad económica muy superior a la local, que eleva los precios, rompe el equilibrio territorial y dificulta todavía más el acceso a la vivienda de la población residente.
Además, según el Instituto Nacional de Estadística, el precio por metro cuadrado que pagan los compradores extranjeros es, de media, un 40 % superior al de los compradores nacionales, una diferencia que, a su juicio, “alimenta la burbuja especulativa”. EFE
