El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, que incorpora una serie de compromisos en ámbitos como memoria democrática, política lingüística, inmigración, vivienda, fiscalidad, agricultura y eficiencia administrativa.
Uno de los puntos más destacados del pacto es el compromiso de derogar la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, en vigor desde abril de ese año.
Política lingüística y educativa
En el ámbito educativo, el acuerdo contempla la modificación de la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y promover las modalidades lingüísticas propias de cada isla. También se impulsará el plan piloto voluntario de elección de lengua en los centros escolares, con el objetivo de extenderlo a todas las comarcas antes del final de la legislatura. Además, se rebajará la nota necesaria para obtener los títulos de catalán B2 y C1 al finalizar ESO y Bachillerato, y se facilitará el acceso al título a los alumnos que cursen estudios fuera de España, siempre que no sea el último curso.
El pacto establece el derecho de los padres a escoger la primera lengua de enseñanza en el formulario de matrícula de sus hijos, tanto en centros públicos como concertados, y habilita la opción de realizar la matrícula de forma telemática.
En cuanto a la administración pública, se prevé garantizar que todos los trámites puedan realizarse en castellano o catalán, según la elección del ciudadano. Se revisarán los requisitos lingüísticos en las bolsas de empleo público, especialmente en plazas de difícil cobertura o que no implican trato con la ciudadanía, y se ampliará de dos a cuatro años el plazo para que los empleados públicos estabilizados sin nivel de catalán acreditado puedan obtener la titulación requerida.
Inmigración y ocupación
Respecto a inmigración, el pacto incluye una batería de medidas para limitar el acceso a ayudas y controlar la inmigración irregular. Se establece que no se acogerán más menores migrantes procedentes del reparto entre comunidades ni se financiarán nuevos centros de acogida. También se reforzarán los controles sobre empadronamientos irregulares y se exigirá una residencia legal mínima de tres años para acceder a prestaciones como la Renta Social o ayudas de emancipación para extutelados.
Asimismo, se prevé la creación de una Oficina Antiokupación, sanciones para los ocupantes ilegales de viviendas, y bonificaciones fiscales para pequeños propietarios afectados.
Otras medidas incluyen: suprimir subvenciones a ONG que colaboren con la inmigración irregular, rechazar el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en centros educativos, y retirar ayudas a países que no cooperen en el retorno de inmigrantes irregulares. También se eliminarán subvenciones a organizaciones islamistas.
Vivienda
En materia de vivienda, se establece que las ayudas estarán condicionadas a cinco años de residencia acreditada en las Illes Balears. También se fomentará la construcción de vivienda, se simplificarán los procesos de legalización y se aplicarán sanciones a los okupas, quienes no podrán percibir ayudas sociales.
Fiscalidad
En el plano fiscal, ambas formaciones se comprometen a mantener las rebajas introducidas por Vox en los presupuestos de 2024, incluida la retirada de subvenciones a sindicatos y patronales. También se revisarán o reducirán partidas consideradas ideológicas. El acuerdo prevé auditorías a entes públicos y organismos para evitar duplicidades y garantizar la eficiencia del gasto.
Agricultura y rechazo al Pacto Verde
El documento recoge además medidas de apoyo al sector primario, como la creación de un fondo de maniobra para compensar efectos de políticas europeas, incentivos fiscales para el relevo generacional en explotaciones agrarias y el aumento de partidas para la promoción del producto local.
