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Los vecinos de Cala en Blanes dicen “basta”: interponen una denuncia para acabar con el problema okupa

Un total de 260 residentes alertan del foco de criminalidad e insalubridad en el antiguo centro comercial ocupado

Vista aérea de Cala en Blanes.
Vista aérea de Cala en Blanes.
(Foto: FFTM)

Un grupo de 260 vecinos de la urbanización de Cala en Blanes han interpuesto una denuncia colectiva ante el Ayuntamiento de Ciutadella y la Policía Nacional para pedir que, “con la máxima celeridad y urgencia”, se erradique el “foco de criminalidad e insalubridad” en que, aseguran, se ha convertido el antiguo centro comercial ocupado de los ‘Cristales rotos’.

El presidente de la asociación de vecinos, Joan Benejam, explica que ha mantenido contactos estas últimas semanas con responsables municipales y de la Policía para advertirles de la “gravísima problemática” existente.

La denuncia apela explícitamente al alcalde, Llorenç Ferrer, y a los concejales de Policía, Urbanismo y Salubridad Pública, y les alerta de las “fatales e irreparables consecuencias” que podría acarrear la inacción municipal.

Los vecinos relacionan a muchos de los ocupantes con robos y otros delitos perpetrados en la urbanización, advierten “movimientos sospechosos de personas“, peleas con arma blanca y consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

El complejo, afirman, se encuentra en unas evidentes condiciones de insalubridad, repleto de basura y con fauna silvestre correteando por la zona.

Los denunciantes advierten de que los moradores encienden fogatas de manera habitual y sospechan que algunos puedan llegar a traficar con estupefacientes.

El Ayuntamiento de Ciutadella ya ha anunciado que realizará una inspección de las edificaciones, sin poder acceder al interior, ya que se trata de una propiedad privada.

El objetivo es constatar si, como denuncian los vecinos, los antiguos bloques comerciales abandonados están afectados por aluminosis y, por tanto, se encuentran en estado de ruina.

Los denunciantes piden, de hecho, que o bien los propietarios o, en su defecto, el Ayuntamiento, derriben el complejo, pongan fin así a la “conflictiva ocupación ilegal” y restituyan el terreno convirtiéndolo en una zona verde.

Pero los responsables municipales recuerdan que trasladar a los ocupantes puede suponer también un problema social que conviene analizar, ya que, pese a ocupar una propiedad ajena, no pueden quedar “desamparados“. EFE


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