La situación del servicio postal en Menorca ha vuelto a ponerse en el punto de mira tras las recientes denuncias del sindicato CGT. Según la organización sindical, los problemas que afectan al funcionamiento de Correos en la isla no son fruto de la casualidad ni de una mera falta de adaptación al contexto actual, sino el resultado de una estrategia premeditada. El objetivo, aseguran, sería debilitar el sistema público para justificar su futura privatización.
Miguel Gómez, portavoz del sindicato en Menorca, ha descrito en una entrevista concedida a Radio Menorca una realidad alarmante: “muy mala” situación laboral, carencia estructural de personal y condiciones inadecuadas en muchos puestos de trabajo. Todo ello estaría generando una precarización del servicio que afecta directamente a los ciudadanos.
Desde CGT alertan de que esta tendencia no se limita a Menorca. A nivel estatal, los trabajadores han protagonizado varias movilizaciones en defensa del servicio postal. La última, el pasado 28 de mayo, coincidió con un momento clave: la recta final del plazo de prórroga de las negociaciones entre la dirección de Correos y los sindicatos, que concluye el próximo 30 de junio.
La central sindical considera que las medidas que se están planteando desde la empresa no solo no solucionan los problemas existentes, sino que los agravan. Entre los puntos más polémicos destaca la propuesta de eliminar entre 8.000 y 10.000 empleos. Esto supondría una carga laboral insostenible para la plantilla restante y un deterioro inevitable de la calidad del servicio.
Además, se plantea la desregulación de la jornada laboral, permitiendo a la empresa redistribuir hasta un 10% de las horas anuales de cada trabajador en función de la demanda estacional. A esto se suma la vinculación de una parte del salario a objetivos económicos, una medida que, según CGT, contradice la naturaleza pública del servicio postal y pone en entredicho su función social.
Los representantes sindicales critican también la falta de transparencia en el proceso negociador, que consideran bloqueado por la propia dirección de Correos. Por ello, exigen que cualquier acuerdo que afecte a todo el colectivo postal sea sometido a referéndum entre la plantilla.
La situación en Menorca es vista por muchos como un reflejo de este conflicto de fondo. Aunque es cierto que los tiempos han cambiado y el envío de cartas ha dejado de ser algo habitual, el sindicato defiende que esto no debería implicar el desmantelamiento del servicio. Consideran que aún existe una necesidad real de una red postal pública, especialmente en territorios insulares donde las alternativas logísticas no siempre son accesibles o económicas.
Miguel Gómez no duda en afirmar que lo que está ocurriendo responde a una estrategia de desgaste: “Se quiere generar una situación insostenible para acabar justificando que la única salida es privatizar lo que queda de la empresa estatal”. Por ello, insiste en que la lucha no es solo por los puestos de trabajo, sino por preservar un servicio público esencial para toda la ciudadanía.
En este contexto, la huelga convocada por CGT busca frenar lo que consideran una deriva preocupante. Su demanda es clara: un modelo de Correos que anteponga el interés público a la rentabilidad económica, garantizando un servicio postal accesible, eficiente y digno. Una petición que, en Menorca, sigue sumando apoyos ante el visible deterioro de un servicio que, según muchos, está siendo abandonado a su suerte.
