Varios factores han impedido hasta el momento que el alcantarillado llegue a los nucleos de desarrollo urbanístico. El factor del coste económico es uno de los principales. Las administraciones locales deben (pero no pueden) asumir en muchos casos lo que supone llevar esos servicios básicos hasta donde dieron en su momento licencia urbanística.
La legislación europea impuso unos plazos y la administración más cercana impuso unas moratorias, pero tanto uno como otro entorno legal llega a su fin y debe resolverse. ¿Quién lo pagará?
En algunos casos se aplicaron subvenciones o ayudas para desarrollar las infraestructuras. Según la zona, la parte subvencionada ha sido mayor, menor o inexistente.
En la última campaña electoral, la mayoría de partidos políticos se mostraban prudentes en relación a cómo solucionar el tema. Zonas como las de Trebeluger en Es Castell o buena parte de la denominada coloquialmente "s'altre banda" en Maó siguen a la espera de soluciones.
En estas zonas, además, adolecen de cuotas de impuestos elevadas para pocos o ningunos servicios.
Saneamiento público, un problema a resolver
