El Tribunal señala que aunque recitificara la valoración hecha a la UTE no podría jamás ser la adjudicataria de esta gestión. Además, entiende que las alegaciones realizadas por el recurrente sobre la posible nulidad del procedimiento son de carácter puramente genérico y se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso. Por este motivo se procede a la imposición de una multa de 1.000 euros, que deberán pagar las empresas Fomento de Construcciones y Antonio Gomila.
Según el conseller de Medi Ambient, Javier Ares, esta resolución desbloquea el tema de Es Milà y permitirá poner pronto en marcha toda la instalación que está a punto de colapsarse.
Sin embargo, todavía queda la resolución del recurso interpuesto por otra UTE antes de hacer efectiva la adjudicación del servicio. Pero Javier Ares es muy claro. En un principio este recurso se ha de fallar pronto y de forma favorable al Consell ya que se entró fuera de plazo.
La empresa adjudicataria que eligió el Consorcio de Residuos es CESPA, una filial de Ferrovial y si aún no gestiona Es Milà es por estos recursos.