El número de viviendas turísticas se ha reducido en casi un 20% en Islas Baleares en el último año, expone la estadística experimental que publica dos veces al año el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay dos formas de analizar el dato. Por un lado, como un éxito de las políticas restrictivas aplicadas al sector. La otra opción, y la más importante, es una pregunta incómoda que nadie está respondiendo: ¿cuántas de esas viviendas han pasado realmente al mercado de alquiler residencial?
Durante años se ha repetido que limitar el alquiler vacacional aliviaría el problema de acceso a la vivienda. En Menorca tenemos el ejemplo de restricción más claro con los 3 años de moratoria en la concesión de nuevas licencias. Se han retirado plazas, endurecido normativas y señalado al sector como responsable directo de la tensión tanto en el precio del alquiler como en la oferta de alojamiento para residentes. Ahora que la oferta turística cae de forma significativa, el mercado residencial debería mostrar señales claras de mejora. ¿Las hay? ¿Las vemos?
No es así. Los precios siguen altos y la oferta sigue siendo insuficiente. No hay datos públicos que acrediten que esa reducción del 20% se haya traducido en miles de nuevos contratos de larga duración para residentes, ni tampoco hay una sensación que justifique una especie de persecución que nos perjudica como destino turístico porque ofrecemos una oferta más baja de un tipo de alojamiento que cada vez gusta más. Todo indica que muchas de esas viviendas no han pasado al alquiler habitual: algunas se han vendido, otras se mantienen fuera del mercado o se destinan a fórmulas temporales. Incluso hay un importante número de viviendas que se alquilaban de forma ilegal que se han retirado de las plataformas de alquiler porque no cumplen con los requisitos para poderse anunciar tras los últimos cambios políticos. Por lo tanto, no es esa la verdadera solución.
Si el objetivo era facilitar vivienda a los menorquines y al conjunto de baleares, los resultados deberían ser medibles. Limitar una actividad económica que genera ingresos directos para miles de familias solo tiene sentido si el beneficio social es evidente. De lo contrario, estaremos debilitando un sector clave sin resolver el problema que se pretendía solucionar.
El debate exige datos y transparencia. ¿Cuántas viviendas retiradas del alquiler turístico están hoy alquiladas como residencia habitual? Hasta que esa cifra no se conozca, el supuesto éxito de la reducción quedará, como mínimo, en entredicho. Y mientras tanto, la sociedad sigue ahogada por el problema de la falta de vivienda residencial.