El reciente anuncio de un segundo cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca ha abierto un debate sobre su impacto en la transición energética de la isla, así como sobre las posibles afecciones ambientales a lo largo de su trazado. El GOB ha presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública del proyecto.
La entidad reconoce la problemática del excedente de energía solar que se produce en las horas de mayor radiación, y que el sistema eléctrico menorquín no siempre puede absorber. Ante esta situación, la propuesta institucional plantea un segundo cable que permita exportar el excedente hacia Mallorca. Sin embargo, desde el GOB se insiste en que el objetivo prioritario de la transición energética en Menorca debe ser reducir las horas de funcionamiento de la central térmica, principal foco de emisiones contaminantes en la isla.
Este planteamiento se enmarca en la Estrategia Menorca 2030, un documento consensuado socialmente que apuesta por disminuir el uso de combustibles fósiles. Actualmente, la central eléctrica —responsable de cerca del 50 % de las emisiones de CO2— debería limitar su actividad a funciones de respaldo, mientras se avanza también en la electrificación del transporte, los sistemas de climatización y otros usos energéticos.
El papel del parque de baterías de Es Mercadal
El anuncio del segundo cable coincide con la construcción de un gran sistema de almacenamiento energético junto a la subestación eléctrica de Es Mercadal. Este campo de baterías, con una potencia de 50 MW, ha sido presentado como uno de los mayores del sur de Europa y tiene como objetivo garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ante posibles incidencias.
No obstante, según la documentación del proyecto, estas baterías no están diseñadas para gestionar excedentes de energía renovable —como almacenar la producción solar diurna para su uso nocturno—, sino para reforzar la seguridad del suministro. De hecho, en su memoria se señalaba que esta solución era más eficiente económicamente que la instalación de un nuevo cable, lo que añade interrogantes sobre la necesidad actual de esta segunda interconexión.
Dudas sobre la reducción de emisiones
Desde el GOB se advierte de que, aunque el segundo cable podría mejorar la seguridad del sistema y facilitar la evacuación de excedentes hacia Mallorca, existe el riesgo de que Menorca acabe exportando energía en lugar de utilizarla para reducir sus propias emisiones.
La entidad considera que las instituciones deberían garantizar que, a medio y largo plazo, estos excedentes puedan almacenarse o aprovecharse dentro de la isla. De lo contrario, se podría estar desviando el objetivo principal de la transición energética. Además, subraya que un cambio de este calibre requeriría un debate público amplio que, por el momento, no se ha producido.
Impactos ambientales en el trazado marino
En sus alegaciones, el GOB también alerta sobre los impactos ambientales del trazado submarino del cable, que afectaría a hábitats de alto valor ecológico como rodolitos, praderas de posidonia o fondos coralígenos. Parte del recorrido se ubica en el canal de Menorca, declarado Lugar de Interés Comunitario e integrado en la Red Natura 2000.
La organización recuerda que diversos estudios científicos han demostrado el escaso éxito de las medidas de regeneración ambiental en este tipo de hábitats, debido al lento crecimiento de las especies. Por ello, la normativa europea establece que las afecciones deben compensarse mediante la protección de nuevos espacios, en lugar de confiar en restauraciones de eficacia limitada.
Asimismo, se ha solicitado una protección específica para especies como la nacra, así como un control riguroso para evitar fugas de bentonita durante las obras, un material que ya causó graves daños en las praderas de posidonia durante la construcción de la desaladora de Ciutadella.
Por último, el GOB advierte de que la Comisión Europea exige una justificación ambiental sólida en proyectos que afecten a espacios protegidos. En ausencia de beneficios ambientales claros, como señalan los ecologistas, el proyecto debería someterse a un dictamen previo favorable por parte de las autoridades europeas.