El Consell Insular de Menorca ha impuesto desde 2023 sanciones por un importe total de 4.068.132 euros por infracciones en materia turística. Durante este mismo periodo, la isla ha reducido en más de 1.500 las plazas de alquiler turístico situadas en núcleos urbanos, según el balance presentado este miércoles, 1 de julio, por la institución insular.
La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, y el director insular de Ordenación Turística, Jaume Fedelich, han dado a conocer las principales actuaciones desarrolladas durante el mandato en materia de inspección, control de la oferta ilegal y contención del crecimiento turístico.
El Consell contará este verano con 12 inspectores turísticos, frente a los siete que había al inicio del mandato, lo que supone un incremento de la plantilla del 71,43 %. Según los datos facilitados por la institución, el refuerzo de los medios permitió abrir en 2025 un total de 75 expedientes, la cifra más alta registrada hasta ahora.
«La inspección no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger el modelo de isla que queremos», ha afirmado Torrent. La consellera ha defendido que los alojamientos turísticos ilegales generan competencia desleal y pueden reducir la disponibilidad de viviendas para uso residencial.
La institución también ha implantado durante este mandato el pago por la adquisición de plazas turísticas, dentro de la política de crecimiento turístico cero. Este sistema ha generado hasta ahora 1,5 millones de euros que, según ha anunciado el Consell, se destinarán a políticas de vivienda.
«Por primera vez, los recursos que genera el propio sector turístico se reinvertirán directamente en facilitar el acceso a la vivienda», ha señalado Torrent, quien ha defendido un modelo basado en la contención y en priorizar el valor de la actividad turística frente al volumen.
El balance presentado por el Consell refleja asimismo una reducción de la oferta de alquiler turístico en viviendas. Entre 2015 y 2022, el número de plazas de esta modalidad pasó de 21.052 a 30.328, su máximo histórico. Desde 2023, la cifra se ha reducido hasta las 28.994 plazas actuales.
Durante este periodo se han dado de baja 1.334 plazas turísticas situadas en núcleos urbanos. A ellas se suman más de 200 eliminadas como consecuencia de expedientes sancionadores.
El Consell sostiene que el objetivo es favorecer que las viviendas afectadas recuperen su uso residencial. «Queremos que los menorquines puedan desarrollar su proyecto de vida en sus municipios, garantizar el derecho a la vivienda y preservar la identidad de nuestros pueblos», ha manifestado la consellera.
La institución ha habilitado además un formulario de denuncias en su página web, a través del cual ha recibido ya 168 comunicaciones relacionadas con posibles infracciones turísticas.
Torrent ha enmarcado estas medidas en la apuesta del Consell por un modelo turístico basado en «la calidad, la legalidad y la contención», que sitúe el bienestar de los residentes y la protección de Menorca como Reserva de Biosfera entre sus prioridades.