El GOB ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de Ley del litoral de Balears en las que plantea, entre otras medidas, establecer un mínimo de cinco metros cuadrados por usuario en las playas, limitar la velocidad de las embarcaciones a tres nudos en los primeros 300 metros de costa y fijar una distancia mínima de 50 metros para el fondeo en playas y calas no balizadas.
La entidad ecologista ha presentado sus propuestas durante el plazo habilitado para las entidades y considera que el texto actual está «muy orientado a planificar, ordenar y gestionar usos, actividades y ocupaciones», pero que no concreta suficientemente qué debe ocurrir cuando estos usos entran en conflicto con los límites ecológicos.
Según argumenta el GOB, las islas son territorios sometidos a una fuerte presión sobre el litoral y existen ya numerosas zonas en las que considera superada su capacidad.
Entre sus enmiendas, la organización propone que la capacidad de carga se establezca a partir de criterios físicos, ecológicos y sociales y que tenga carácter vinculante para impedir usos o actividades cuando se supere ese límite.
Dentro de esta propuesta, plantea que en cualquier playa se garantice una superficie mínima de cinco metros cuadrados por usuario, con el objetivo, según señala el GOB, de evitar la degradación ambiental y la pérdida de calidad en la experiencia de los usuarios.
La entidad también propone que las ocupaciones privadas o con finalidad lucrativa del dominio público tengan que justificar tanto la necesidad de situarse en ese espacio como la inexistencia de alternativas viables fuera del mismo.
Otra de las enmiendas plantea que la velocidad máxima de las embarcaciones sea de tres nudos en los primeros 300 metros de distancia de la costa y que el fondeo se realice a un mínimo de 50 metros de la línea de costa en las playas y calas que no estén balizadas.
El GOB reclama asimismo que la futura normativa contemple medidas de adaptación, retirada o reubicación de infraestructuras y ocupaciones que puedan resultar vulnerables o incompatibles con la evolución de la costa como consecuencia del cambio climático.
Finalmente, pide que se establezca un programa periódico y coordinado de vigilancia e inspección, con objetivos y ámbitos prioritarios, y que sus resultados puedan conocerse de manera transparente.
Cambios en la Ley de Menorca Reserva de Biosfera
El GOB también cuestiona varias de las derogaciones que el proyecto de Ley del litoral plantea en la Ley de Menorca Reserva de Biosfera. La entidad critica que la disposición derogatoria del proyecto elimine diferentes previsiones de esta norma y señala que, a su juicio, estas supresiones no aparecen suficientemente explicadas ni justificadas en la exposición de motivos.
Entre ellas se encuentran artículos orientados a permitir que el Consell Insular de Menorca pueda asumir competencias relacionadas con las actividades recreativas en aguas interiores o con la regulación de los vertidos al mar desde tierra. El GOB sostiene que no comprende la necesidad de eliminar estas previsiones y apunta que solo tendría sentido si se pretende dejar claro que estas materias serán controladas únicamente desde el Govern balear.
La organización pone especialmente el foco en la derogación del artículo 13, relativo a la función ejecutiva del Consell Insular sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, aguas minerales y subterráneas y régimen general de aguas.
En este punto, el GOB vincula su rechazo a la evolución de los recursos hídricos de Menorca. La entidad afirma que las reservas de agua de la isla han seguido una tendencia negativa durante el periodo en el que la competencia ha correspondido a la administración autonómica y señala también problemas de salinización en las zonas húmedas, el mal estado de numerosos torrentes y los bajos niveles de los acuíferos.
Ante esta situación, considera que debería justificarse de manera suficiente cualquier decisión dirigida a eliminar de la Ley de Reserva de Biosfera la posibilidad de que la gestión de los recursos hídricos pueda pasar a la administración insular.