El GOB de Menorca sostiene que las inversiones previstas en el Aeropuerto de Menorca para el periodo 2027-2031 sí están vinculadas, al menos en parte, a un aumento de su capacidad operativa y reclama que se eliminen aquellas actuaciones destinadas a atender un mayor flujo de pasajeros.
La entidad ecologista ha reaccionado así después de que Aena defendiera que las inversiones previstas para el aeropuerto menorquín, cifradas en alrededor de 170 millones de euros, no responden a la intención de incrementar el número de vuelos. El GOB contrapone a esta posición las previsiones recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado el pasado 19 de septiembre en el BOE.
Según el documento oficial, el aeropuerto de Menorca pasaría de 4.283.900 pasajeros en 2027 a 4.449.300 en 2031, lo que supone un aumento previsto de algo más de 165.000 viajeros anuales. En cuanto a las operaciones, se estima un incremento desde las 38.878 de 2027 hasta las 40.588 de 2031, es decir, 1.710 movimientos más.
El GOB advierte de que ese aumento previsto de pasajeros tendría también efectos sobre las necesidades de consumo de agua, el abastecimiento eléctrico, la producción de residuos y la congestión de espacios.
A partir de las previsiones recogidas en el DORA, la organización considera que una parte de las inversiones previstas en el aeropuerto sí están orientadas a disponer de una mayor capacidad operativa. Son estas actuaciones, señala, las que generan rechazo entre quienes se oponen a una mayor masificación de la isla.
La entidad distingue, en cualquier caso, estas intervenciones de otras inversiones que considera oportunas para mejorar la seguridad o la comodidad de los usuarios, que no cuestiona.
El papel del aeropuerto en la presión turística
El GOB coincide con Aena en que el aeropuerto por sí solo no genera la demanda turística y atribuye esta principalmente al aumento de la capacidad de alojamiento y a la promoción turística. Sin embargo, argumenta que la infraestructura aeroportuaria puede actuar como un elemento que facilite o limite el crecimiento de los flujos de visitantes.
La entidad compara esta situación con los aparcamientos de las playas: sostiene que el atractivo de una cala es lo que genera la demanda, pero que aumentar el tamaño de su aparcamiento permite absorber a más visitantes y puede contribuir a incrementar la congestión. A juicio del GOB, un planteamiento similar puede aplicarse al aeropuerto menorquín.
En este contexto, la organización vuelve a criticar la intención de incrementar las plazas turísticas de Menorca, la reactivación de alrededor de un millar de plazas que habían quedado inactivas y el volumen de dinero público destinado durante 2026 a promoción turística.
El GOB apunta a los intereses económicos de Aena
La asociación también pone el foco en el modelo de Aena, participada en un 51 % por el Estado a través de Enaire, mientras el 49 % restante corresponde a inversores privados, para argumentar que el crecimiento del tráfico aéreo tiene también una repercusión económica para el gestor aeroportuario.
El GOB se remite en este punto a la respuesta del Gobierno central a la petición del Parlament balear para plantear una cogestión de los aeropuertos de las islas. Según señala la entidad, el Ministerio estima que limitar el crecimiento previsto del tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares entre 2027 y 2031 supondría una reducción de 231.014.953 euros en los ingresos aeroportuarios.
A partir de ello, el GOB sostiene que el posicionamiento sobre el crecimiento aeroportuario está condicionado también por intereses económicos que, según argumenta, no tienen por qué coincidir con los de la población residente.
Reclama frenar el crecimiento turístico
Como conclusión, el GOB pide que las políticas públicas prioricen los problemas relacionados con el agua, la vivienda, los residuos, la masificación y la precariedad laboral y reclama frenar el incremento de la presión turística sobre Menorca.
Entre sus propuestas, plantea revisar los crecimientos turísticos previstos en la ordenación territorial, eliminar progresivamente las plazas turísticas que queden inactivas, reducir el gasto público en promoción, aplicar una limitación a los vehículos turísticos y orientar las inversiones en agua hacia las necesidades de la población residente.
En el caso concreto del aeropuerto, reclama que de las inversiones previstas para el próximo DORA se eliminen las intervenciones que estén destinadas a atender un mayor volumen de pasajeros.