La organización sindical ha defendido en un comunicado que los docentes de religión de Baleares han visto amparados sus derechos con la estimación por parte del TSJIB del recurso contencioso administrativo del Obispado de Mallorca y USO, en una sentencia del 14 de diciembre que “viene a rectificar a quienes de forma discriminatoria llevaron a cabo los recortes en materia de religión católica en los centros públicos”.
Según USO, la sentencia demuestra el trato discriminatorio por parte de la Conselleria de Educación a esta asignatura “procurando maquillar su guerra ideológica con la flexibilidad que la LOMCE ofrecía en cuanto a horario lectivo”.
USO ha recordado que, por decisión de la Conselleria, se pasó de impartir 90 minutos semanales de la asignatura de religión a 60 minutos, a lo que se añade la agrupación de niños y la pérdida, por parte de los profesores, del que hasta el momento había sido su centro de referencia, condiciones que no encuentran un trato análogo en ninguna de las materias a las cuales puede equipararse.
El recorte de carga lectiva supuso que la Administración autonómica redujo a la mitad la jornada laboral de 70 profesores.
Según el sindicato, a pesar de las numerosas reuniones y advertencias desde USO y el Obispado sobre “la ilegalidad que estaban cometiendo” y sus graves repercusiones “la Conselleria decidió hacer caso omiso sirviéndose de su poder en lugar del consenso, la pluralidad y la ley”.
Defienden que la asignatura de religión y moral confesional es un derecho de los alumnos y de los padres que debe ofrecerse en todos los centros públicos y en todas las etapas.
USO ha cuestionado quién asumirá las responsabilidades políticas “de este despropósito realizado en 2016 sin escuchar los razonamientos legales y atendiendo sólo a posicionamientos ideológicos”.
El sindicato ha exigido que “el daño realizado a todos los docentes sea asumido políticamente por la administración, así como vaya haciendo una previsión dentro de los presupuestos para el pago de la indemnización correspondiente a los docentes de religión”.
Después de que el conseller anunciara el jueves que el Govern recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, USO ha manifestado que espera que el Govern finalmente no recurra la sentencia y respete la decisión judicial “como muestra de una sana intención de subsanar en la medida de lo posible el daño moral, laboral, económico y social que ha causado”
