La actuación de los cuerpos de vigilancia durante 2017 incidió especialmente en una de las lacras del medio marino de Menorca: el comercio de pesca furtiva. Algunas sanciones se acercaron a los 10.000 euros.
Dentro del seguimiento que se está haciendo en los temas de pesca, el GOB consultó la relación de expedientes abiertos a lo largo del pasado ejercicio por parte del Consejo Insular. Como en otros años, la patrulla del Seprona de la Guardia Civil es el cuerpo que generó más expedientes (39), la Inspección de pesca insular abrió 7, los vigilantes de la Reserva Marina iniciaron 6 y la Policía Local 1.
De los 53 expedientes abiertos a lo largo de 2017, 21 corresponden a deficiencias de comercialización. Esto es, vender o transportar pescado sin poder demostrar su procedencia. Una práctica que se ha observado en restaurantes, supermercados, pescadores profesionales y pescadores recreativos.
La vigilancia aplicada sobre estos circuitos de comercialización se considera muy estratégica, porque es una buena manera de combatir la pesca no declarada que afecta las especies del mar menorquín.
11 de los 53 expedientes se abrieron en la Reserva Marina del Norte, donde se detectaron varios casos de gente con fusil, una práctica prohibida en este espacio.
A destacar también que en 2017 se denunciaron dos casos de extracción de conchas de nácar, una especie estrictamente protegida que no se puede coger aunque esté muerta. Los dos casos detectados acumulaban numerosos ejemplares, seguramente que para ser destinados a comercio furtivo.
Las sanciones impuestas oscilan en función de la gravedad de los hechos y van desde los 150 euros a los 9.960 euros.
En opinión del GOB, es muy importante que los cuerpos de vigilancia hagan su tarea de manera efectiva. Sólo si se hacen cumplir las normas hay posibilidades de recuperar parte de la riqueza marina perdida tanto en número como en tamaño de los peces, y sólo así será posible que la pesca se pueda mantener como actividad en el futuro.
