Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística nos dan casi 49.000 empleos directos en la construcción en Balears. A ello se deben añadir otros sectores que de forma transversal también trabajan ligados a la actividad. ¿Son conscientes los políticos de la potencia e importancia económica del sector?
Es una pregunta un poco complicada… Yo creo que sí son conscientes, pero no todos. Hay ideologías que son conscientes y otras que no lo son tanto. La construcción, como dice, da mucho trabajo directo, mucho, pero también a las empresas auxiliares: cristaleros, muebles, electricistas… Es una actividad importante que genera grandes inversiones.
Mi padre era constructor y siempre me decía que si se paraba la construcción, se paraba todo.
Coincido, creo que así es. La construcción se debe ver también como un servicio al ciudadano. La gente necesita tener una vivienda como necesitamos escuelas, carreteras, hospitales… También los construimos.
La gente no es consciente de que nosotros no somos depredadores del territorio. Nosotros construimos allá donde nos dejan construir
Si tuviéramos que hacer una fotografía del sector de la construcción en Baleares, ¿cómo saldría esa fotografía, en blanco y negro, en color, borrosa…?
Todavía saldría una fotografía en blanco y negro tirando a sepia. Ya no estamos tan en blanco y negro, comenzamos a coger color, no todo el que debería ser.
¿Ha aumentado la demanda de vivienda?
Sí, la gran demanda viene de la clase media-baja, que son las personas que mayor dificultad tienen para acceder a la vivienda a los precios actuales.
Algunos constructores me comentan que no siempre pueden hacer los pisos que se demandan. Por ejemplo; en una determinada zona, debido a la densidad de población, se permiten pisos de 180 metros cuadrados que serán difíciles de vender cuando la demanda pasa por construir dos pisos de 90 metros cuadrados.
La Administración y también la oposición deberían hacer una reflexión y tratar el tema de una manera intensa y sobre todo escuchando al sector, a los constructores, arquitectos, aparejadores, promotores… En las Islas tenemos un territorio limitado, no se puede construir infinitamente, ni nosotros queremos, pero la gente necesita dónde vivir. Debemos replantearnos el urbanismo en las Islas mediante un consenso de todas las partes. Lo que no puede ser es que cada vez que cambia el color político del Govern nos encontramos con que cambia la normativa urbanística. Nos encontramos con un suelo limitado, la ley de oferta y demanda hace que se disparen los precios. Si dispongo de un suelo edificable caro en el que sólo puedo construir pisos de 180 metros cuadrados o plurifamiliares de tres alturas, es evidente que el precio final de los pisos será elevado. Serán pisos con un coste insumable para muchas personas.
La construcción se debe ver también como un servicio al ciudadano. La gente necesita tener una vivienda
¿Hay pues, como dice, inseguridad jurídica?
Mucha, mucha… Hay mucha inseguridad jurídica. Basta con ver las noticias de los últimos meses, cuántas indemnizaciones ha tenido que asumir la Administración por cambios en temas urbanísticos. Se dan licencias, se inician proyectos, luego se cambia la normativa sobre la marcha, se acaban pagando indemnizaciones que son cuantiosas… Un plan de desarrollo urbanístico puede durar diez años, ¿cuántos políticos pueden pasar en esos diez años?
Usted sabe que constructores y hoteleros son considerados por ciertos colectivos, e incluso por parte de algunos políticos, como los “depredadores” del territorio.
Totalmente.
¿Cómo llevan el sambenito, que siempre les digan lo mismo?
La gente no es consciente de que nosotros no somos depredadores del territorio. Nosotros construimos allá donde nos dejan construir. Eso debe quedar claro. Para que podamos construir en un lugar determinado, antes debe haber un plan urbanístico que nos lo permita. Y hacemos la construcción que la gente nos pide. No somos los responsables de destruir el territorio.
Hace años, un constructor me contó que le ofrecieron un viejo palacete del casco antiguo de Palma. En aquella época no estaba protegido y el plan era demolerlo para hacer un edificio nuevo. Era una buena operación económica que rechazó. El palacete hoy sigue ahí. Me dijo que él no podía tirar aquel edificio. Ustedes tienen su corazoncito…
Claro (ríe), no todo vale. Tenemos muchas empresas especializadas en la rehabilitación de edificios históricos. Imagine que saliera a licitación derribar la Seu… No habría ninguna empresa que se presentara. Los constructores también queremos a nuestras Islas, nuestro patrimonio. Claro que es así, no todo vale.
Parece que cualquier persona sin cualificación, que no tiene ni idea de lo que es la construcción ni de la responsabilidad que tiene, puede montar una empresa
¿Piden los clientes eso que llamamos viviendas sostenibles, ecológicos?
En este momento, los únicos que pueden asumir esas viviendas ecológicas, sostenibles, equipadas con domótica, son los clientes extranjeros de alto poder adquisitivo.
Entonces, queda mucho camino para que sea una tendencia generalizada…
Sí, ahora, insisto, sólo puede asumir ese coste el cliente extranjero, como le decía, de alto poder adquisitivo.
El conseller de Trabajo del Govern, Iago Negeruela, ha dicho de los constructores que deben “hacer un ejercicio de responsabilidad” ante los casos de siniestralidad laboral. Por muchas precauciones que se tomen, es lógico que los índices de siniestralidad en la construcción sean más elevados que en otras actividades. ¿Se sienten señalados?
Las empresas son las primeras responsables. Debemos hacer una reflexión… La prevención de riesgos es algo que muchos ciudadanos aún no tienen interiorizado, comenzando por los empresarios y siguiendo por los trabajadores. Como en todos los sectores, en la construcción hay empresas de todo tipo. Hay los que bajan precios de manera desorbitada para hacerse con una obra, al límite de la competencia desleal. Tal vez esa bajada de precio suponga menor seguridad. Eso hay que entenderlo, el ciudadano debe entender que no hay duros a cuatro pesetas. Si te presentan un presupuesto muy por debajo de los otros, uno debería preguntarse dónde se está escatimando. Trabajamos con un margen de beneficio muy pequeño. También hay que entender que en las Islas la construcción tiene unas particularidades muy diferentes a las de la península.
Los constructores también queremos a nuestras Islas, nuestro patrimonio. Claro que es así, no todo vale
¿Cómo son esas particularidades?
En las Islas, la construcción es cada vez más estacional, como el sector hotelero. Nosotros podemos trabajar cuando tenemos menos turistas, en temporada baja. Tenemos muchas limitaciones para trabajar en verano y en esos meses se reduce la plantilla. Es muy difícil mantener una plantilla estable todo el año, hay mucha movilidad de trabajadores debido a la estacionalidad.
¿Qué pasa con el personal cualificado?
Después de la crisis se perdieron muchísimos, diría que la mitad, trabajadores que teníamos en el sector. Estaban cualificados, formados… Ahora no hemos podido recuperar ese personal cualificado y ello nos dificulta el trabajo. Pero quiero que quede claro que de ninguna manera me quiero excusar ni eludir nuestra responsabilidad en cuanto a la siniestralidad laboral. Hemos trabajado mucho con la Consellería de Trabajo este año una vez conocidos los índices de siniestralidad laboral. Ello se ve reflejado en los últimos datos, hemos sido el sector que más ha bajado el índice de siniestralidad. Y eso debemos valorarlo, pues demuestra que cuando la Administración nos tiene en cuenta y trabajamos juntos se pueden conseguir muchas cosas.
¿Hay piratería en el sector, obra menor no declarada…?
En cuento a la obra menor hay un factor que afecta mucho a la cuestión. El IVA de obra menor es el 21 por ciento mientras que en la obra mayor y nueva construcción es del 10 por ciento. Las reformas son obra menor y hay quien no la declara por esta diferencia impositiva, que es un absurdo. En cualquier caso el IVA debería ser del 10 por ciento. Hay piratería, como en cualquier sector. Parece que cualquier persona sin cualificación, que no tiene ni idea de lo que es la construcción ni de la responsabilidad que conlleva, puede montar una empresa. Yo, usted, cualquiera puede hacerlo mañana mismo. Y muchas veces se hace sin ser conscientes de la responsabilidad que tienen.
Es noticia el retraso en la tramitación de licencias en Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. La oposición denuncia que de los 8 meses de espera hay casos en los que se supera el año. ¿Sufren los constructores este retrasos, es tan grave?
Sí, lo es. Son pocos los ayuntamientos que cumplen el plazo legal de tres meses para otorgar licencias. Es cierto que la actividad ha repuntado, que tienen más trabajo, que pudieron haber reducido la plantilla… Pero la situación se ha ido agravando tanto que, aún con todos los condicionantes, no es justificable lo que está pasando. Nos encontramos con que otros procedimientos que antes funcionaban y que te notificaban en una semana, ahora tardan tres semanas.
Hay mucha inseguridad jurídica, se dan licencias y luego se cambia la normativa sobre la marcha
¿Y que les dicen de los retrasos? Supongo que ustedes se han quejado…
En el caso de Palma han tenido una iniciativa que creo que es positiva. Se han sentado con los profesionales del sector, hemos hecho un brainstorm para ver de qué manera podemos solventar los problemas en la tramitación de licencias. Lo hemos hecho hace poco tiempo, tenemos que dar un margen para ver si se aporta una solución viable. De momento, la iniciativa está, y eso es bueno.
Se anuncian grandes proyectos urbanísticos en Palma. Por una parte tenemos Son Busquets (el antiguo cuartel de Artillería RAMIX 91, 800 viviendas VPO) y Son Ferragut (junto a Son Oliva, 500 viviendas).
En Son Ferragut son exactamente 477.
Son Busquets se anuncia como un proyecto de 800 VPOs. ¿Cree que resulta interesante para las empresas constructoras?
Es una inversión muy importante… Eso dependerá del objetivo del Ayuntamiento. Si Cort actúa como promotor, que paga la obra, claro que habrá constructores dispuestos a ello, encontrará muchos que se ofrezcan. Si lo que se licita mediante un concurso público es la promoción. O sea: se busca un promotor que ponga el dinero para recuperarlo mediante la venta de las viviendas… Así será difícil. Si es así, los promotores de las Islas no podrán asumir el proyecto. Las entidades financieras no darán el dinero. Entendemos que si se busca un promotor, será de fuera.
