Las negociaciones para formar gobiernos en diferentes instituciones tras las dos últimas elecciones siguen su curso y mientras se van cumplimentando los trámites para que los representantes políticos ocupen sus puestos. Entre ellos, efectuar la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, una obligación que la Oficina Anticorrupción de les Illes Baleares pretende hacer extensiva a las parejas de los diputados autonómicos, en virtud de la ley de creación de la citada oficina.
Este pretendido ejercicio de trasparencia se complementa con el escrutinio y la difusión de los datos declarados por parte de los medios de comunicación, y por mucho que una no quiera saber, resulta imposible soslayar los titulares acerca de quién tiene más y quién menos. Y si quiere saber, puede saber todo lo demás, que para eso están las ediciones digitales de esos medios, capaces de enlazar y reproducir la información con la exhaustividad deseada, y algunas webs institucionales.
Que concejales, consejeros, diputados y senadores realicen esas declaraciones y que se efectúe un seguimiento de la evolución de los bienes, derechos y obligaciones declarados me parece correcto y necesario, más cuando parte de nuestra clase política ha machacado la confianza ciudadana y colapsado los juzgados al protagonizar una vergonzosa lista de corruptelas. Sin embargo, no comparto que estas declaraciones hayan de ser vox populi y que este trámite se extienda a sus parejas, lo comparto todavía menos (entrar en política es una decisión estrictamente personal; por mucho que el entorno la comparta, no debería sufrirla más de la cuenta).
Para mí, la transparencia es otra cosa y debería servir para salvaguardar el interés general como principio rector de la acción pública. La transparencia debería garantizar la igualdad de acceso a la función y la contratación públicas, permitir conocer los méritos que avalan a quien ocupa un cargo institucional, y acceder de manera sencilla y ágil a la información que documenta la actividad política, especialmente, la relativa a la gestión presupuestaria en todos los niveles de la Administración.
En transparencia, entendida de esta manera, suspende la mayor parte de las instituciones. Más tecnología y más facilidades para acceder a la información, más medios para intervención, control y persecución de las conductas fraudulentas, y menos ‘transparencia de corrala’, que es en lo que se ha convertido eso de saber el saldo bancario, las propiedades, las deudas y las actividades de nuestros políticos.
