28 de abril. 26 de mayo. 10 de noviembre. Estas son las tres fechas consecutivas en que los electores españoles han sido citados a las urnas en el transcurso de 2019.
De hecho, el año que está a punto de finalizar pasará a la historia por la sobredosis electoral, con dos comicios generales y un tercero autonómico que, en el caso de Baleares, englobó también la convocatoria a los consells insulares y los ayuntamientos, además de la europea, y por la incapacidad de los diversos partidos de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar una situación de estabilidad política siempre deseable tanto desde el punto de vista social como económico.
La consecuencia más directa de la imposibilidad de obtener el consenso suficiente para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno es la permanencia, todavía en estos momentos, de un gabinete en funciones desde hace nada menos que ocho meses, en concreto desde el 29 de abril. Esa fue la fecha posterior a las elecciones generales que dieron paso a la fallida XIII legislatura, la segunda más corta desde la instauración de la democracia en España.
La primera cita con las urnas del año deparó el triunfo incontestable del PSOE, si bien los 123 escaños conseguidos por la candidatura que encabezó Pedro Sánchez se quedaron lejos de la mayoría absoluta. Muy atrás, se situaron el PP, en la primera contienda electoral afrontada por su nuevo líder, Pablo Casado (66 diputados), Ciudadanos (57), Unidas Podemos (33) y Vox (24).
Pese al notable resultado que le deparó su primera incursión en los comicios generales, la emergente fuerza capitaneada por Santiago Abascal no cumplió con las expectativas generadas tras su sorprendente irrupción en las autonómicas andaluzas, donde, a finales de 2018, había facilitado el cambio de color político de la Comunidad tras casi 40 años de hegemonía socialista.
LA SEGUNDA INVESTIDURA FALLIDA DE PEDRO SÁNCHEZ
Aún sin contar, de entrada, con el suficiente respaldo de votos, Sánchez aceptó el encargo del Rey Felipe VI de intentar la formación de un Ejecutivo. Y fracasó. Por segunda vez, de hecho, ya que también en 2016 el Congreso había tirado por tierra el acuerdo de investidura que el dirigente socialista había formalizado con el entonces jefe de filas de Ciudadanos, Albert Rivera.
En ambas ocasiones, el posicionamiento del grupo parlamentario Unidas Podemos resultó clave para el descalabro de Sánchez. Hasta el último minuto, los negociadores de ambas formaciones trataron, al menos aparentemente, de cerrar una alianza que evitase la convocatoria de unas nuevas elecciones. No fue posible.
La resistencia de Sánchez y del aparato socialista a acoger en el Consejo de Ministros a representantes del partido encabezado por Pablo Iglesias frustró el pacto. Ni siquiera la insistencia de Iglesias, que aceptó renunciar a formar parte del gabinete y que llegó a presentar una propuesta de pacto ‘in extremis’ con la sesión de investidura ya iniciada, obró el milagro de sacar adelante la designación de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. La principal razón la explicó posteriormente el propio Sánchez: no hubiera podido conciliar el sueño con ministros de Podemos en su gabinete.
En el extremo contrario del arco parlamentario, el portavoz de Ciudadanos, Albert Rivera, intentó también una jugada de última hora, apenas dos días antes del pleno de investidura. Rivera pretendía que tanto él como el líder del PP, Pablo Casado, brindasen a Sánchez los votos que necesitaba a cambio de que el político socialista aceptara una serie de condiciones, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para garantizar la legalidad y el orden público en este territorio, o la ruptura del acuerdo que el PSOE mantiene en Navarra con la fuerza independentista Bildu.
Ni siquiera hubo respuesta oficial al requerimiento de Rivera por parte de los socialistas. Y la reacción de Casado resultó más bien tibia y poco entusiasta. De esta manera, Sánchez se presentó a la investidura y la perdió por la negativa de Unidas Podemos a cambiar su voto abstencionista por otro afirmativo, y el ‘vacío’ al que el resto de partidos, con la única excepción de los regionalistas cántabros, sometieron a la candidatura del presidente en funciones.
LA NUEVA LLAMADA A LAS URNAS
Ya no había remedio. El 23 de septiembre, Sánchez convocó nuevas elecciones generales, que tuvieron lugar el 10 de noviembre en un ambiente tenso y crispado, ante el hartazgo nada disimulado de los votantes (que, aún así, superaron las previsiones iniciales de participación) y en medio de un interminable cruce de acusaciones entre las diversas formaciones políticas.
La impresión de los observadores y líderes de opinión era que Sánchez había forzado una segunda consulta desde la convicción de que su partido mejoraría sus resultados en relación a los comicios del 28 de abril. Esa sospecha, o, más bien, acusación, formó parte también del repertorio argumental del resto de fuerzas, especialmente en el caso de Podemos, cuyas relaciones con su teórico socio potencial, el PSOE, habían resultado notoriamente dañadas por el desencuentro de la investidura.
Si, en efecto, Sánchez confiaba en incrementar su representación parlamentaria con unos nuevos comicios, la verdad es que erró el tiro. No en vano, los socialistas perdieron tres diputados en relación a la convocatoria anterior (pasaron de 123 a 120) y vieron cómo el PP mejoraba notablemente su margen de apoyos (89 escaños, 23 más que en abril).
No solo eso, sino que las elecciones de noviembre supusieron un vuelco importante en el escenario político, otorgando a Vox la condición de tercer grupo parlamentario del Congreso. El partido de Abascal superó el medio centenar de diputados (52) doblando la representación que había obtenido en abril (24).
En cambio, para Unidas Podemos y Ciudadanos la noche electoral resultó especialmente amarga. Los morados perdieron 7 escaños (de 33 a 26), pero fue la formación naranja la que cosechó el fracaso más atronador, hasta el punto de que forzó el final de la larga etapa encabezada por Albert Rivera.
Ciudadanos, un partido creado a la imagen y semejanza de su líder y fundador, protagonizó uno de los descalabros más espectaculares de cuantos se recuerdan en la democracia parlamentaria española. Los 57 diputados obtenidos en abril, cuando el partido se situó, prácticamente, a tiro de piedra del PP, quedaron convertidos en 10.
Al día siguiente de la jornada electoral, Rivera anunció su despedida de la política. Atrás quedaban las fulgurantes expectativas de un joven político que muy poco tiempo antes había logrado un triunfo electoral histórico en Cataluña (si bien no pudo evitar que los independentistas formasen gobierno) y que, de haber jugado sus cartas de manera más efectiva, hubiera podido convertirse en vicepresidente de un Gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos.
Desde su renuncia, Inés Arrimadas se ha convertido en la esperanza de presente, y, sobre todo, de futuro, para un partido que, pese a su delicada situación actual, continúa siendo clave para el sostenimiento de gobiernos autonómicos tan relevantes como los de Madrid y Andalucía.
EL ABRAZO PSOE-PODEMOS Y LAS EXIGENCIAS DE ERC
Ya se sabe que los juegos de ‘Magia Borrás’ aplicados al mundo de la política surten efectos inesperados. Si PSOE y Podemos habían sido incapaces de ponerse de acuerdo en la legislatura anterior, pese a los varios meses con que contaron para lograrlo, los resultados de la cita del 10 de noviembre obraron un milagro casi instantáneo.
Prácticamente no se habían apagado los focos de las cámaras en las diversas sedes que acogieron el seguimiento de la jornada electoral, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se fundieron en un abrazo, en medio de un torrente de flashes, que certificaba la alianza para llevar adelante un pacto de investidura. En esta ocasión, apenas necesitaron 48 horas para olvidar sus resquemores y ponerse de acuerdo, a pesar de que dejaron para una ocasión posterior las cuestiones específicamente programáticas.
Con el apoyo de Podemos asegurado, Sánchez se lanzó a la carrera de obtener la abstención de Esquerra Republicana para que salieran las cuentas y los sufragios afirmativos a la investidura superasen a los negativos, al menos en una segunda votación. Las comisiones negociadoras de ambas formaciones se vieron las caras en varias ocasiones y, tras las reticencias iniciales, las conversaciones parecían progresar adecuadamente hasta que chocaron con un nuevo obstáculo: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) promulgada el pasado 19 de diciembre.
La resolución admite la situación de inmunidad de Oriol Junqueras, actualmente cumpliendo pena de prisión en un centro penitenciario de Cataluña, y establece que el líder de ERC debería haber sido excarcelado para recoger el acta de diputado que obtuvo en las elecciones del 26 de mayo. La sentencia no solo ha supuesto un serio varapalo para la doctrina argumentada por el Tribunal Supremo español, sino que ha abierto la posibilidad de que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actualmente fugado de la Justicia, y los también fugitivos Antoni Comín y Clara Ponsatí, puedan reclamar sus respectivas actas como eurodiputados.
Para las ya de por sí complejas negociaciones entre PSOE y ERC, la postura del Alto Tribunal europeo ha originado una nueva vuelta de tuerca. Con la sentencia en la mano, los republicanos no tardaron ni cinco minutos en exigir a sus interlocutores socialistas que las más altas instancias del Estado se pronunciasen al respecto, y, desde entonces, el entorno de Pedro Sánchez ha debido recurrir al funambulismo político para no agrandar todavía más las profundas grietas que le separan de sus potenciales aliados de investidura sin por ello acrecentar las críticas del denominado bloque constitucionalista.
Tanto PP como Cs han ejercido una vigilancia exhaustiva sobre Sánchez para asegurar que sus negociaciones con ERC no vulneran las líneas rojas establecidas en la Carta Magna. Tanto Pablo Casado como la nueva líder naranja (todavía oficiosa, pero líder, al fin y al cabo), Inés Arrimadas, fueron citados por Sánchez para estudiar opciones que pudieran conducir al desbloqueo de la situación política. En ninguno de los dos casos fue capaz el candidato socialista de lograr un compromiso claro por parte de los dos partidos de centro-derecha. Con Vox, ni siquiera ha establecido contacto.
Paralelamente, nada más aceptar, por segunda vez consecutiva, el encargo del Rey para formar Gobierno, Pedro Sánchez anunció no solo su voluntad de reunirse con Casado y Arrimadas, sino también su intención de atender por vía telefónica a los presidentes autonómicos. Para sus contrincantes políticos, el auténtico objetivo de Sánchez era el de tender puentes con el presidente catalán, Quim Torra, tras más de un año de ostracismo.
Como era previsible, Torra recurrió a sus argumentos habituales: libertad para los presos que su partido considera que permanecen en la cárcel por motivos exclusivamente políticos, y el derecho a la autodeterminación votado en un futuro referéndum que se desarrolle, esta vez sí, con todas las garantías legales y jurídicas.
Así las cosas, 2019 llegará a su conclusión con el proceso de investidura todavía en marcha y sin un desenlace claro. La pelota se halla ahora mismo en el tejado de ERC, pero todas las previsiones indican que el Gobierno en funciones deberá proseguir su tarea hasta, al menos, las primeras semanas del nuevo año.
Sánchez ha aceptado la encomienda de Felipe VI, pero también ha insistido en reiteradas ocasiones en que no se someterá de nuevo a una sesión de investidura si no es para superarla satisfactoriamente. Un tercer fracaso consecutivo no entra en los planes del político socialista, quien, si las negociaciones con ERC se rompen definitivamente y no surgen otras alternativas que refuercen su mayoría parlamentaria, no tendrá más opción que convocar las terceras elecciones generales en el plazo de apenas nueve meses.
FRANCINA ARMENGOL GANA LAS ELECCIONES
La inestabilidad política nacional ha perjudicado ostensiblemente a Baleares en reivindicaciones pendientes como la aprobación del nuevo Régimen Económico. En nuestra Comunidad, la socialista Francina Armengol obtuvo el pasaporte para continuar cuatro años más al frente del Govern tras imponerse su formación, el PSIB-PSOE, en las elecciones autonómicas celebradas el 26 de mayo.
Armengol aventajó en tres escaños (19 frente a 16) a su principal oponente, el candidato del PP, Biel Company, quien empeoró incluso los resultados que había logrado su antecesor, José Ramón Bauzá, actual eurodiputado de Ciudadanos, en 2015. En ocho años, los populares han reducido a cenizas la mayoría absoluta de 34 escaños obtenida por Bauzá en 2011, que pasaron a ser 20 en 2015, y 16 en 2019.
El caída libre del PP balear también se hizo evidente en las elecciones generales de abril. De ser históricamente el partido más votado en Baleares, los populares tuvieron que conformarse con uno solo de los ocho escaños procedentes de las islas, colocándose por detrás de la representación del PSOE (3 diputados) y Unidas Podemos (2). Ciudadanos y Vox se repartieron las dos plazas restantes del hemiciclo.
En los comicios de noviembre, el panorama cambió notablemente. Los socialistas volvieron a ser la formación más votada en Baleares, pero perdieron uno de sus tres escaños, mientras que el PP aumentó su representación a dos diputados, igualando los resultados de Unidas Podemos y Vox. En cambio, Ciudadanos no logró ni un solo diputado por la circunscripción insular.
EL NUEVO GOVERN PSOE-UNIDAS PODEMOS-MÉS
Así pues, con el PSOE consolidado como nuevo partido mayoritario en Baleares, y recogiendo, en este sentido, el testigo sostenido por el PP durante varias décadas, Francina Armengol se enfrentó a una investidura relativamente sencilla gracias al amplio margen parlamentario que le confirieron los comicios del 26 de mayo.
La suma de los socialistas con sus socios potenciales (Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca) alcanzaba la cifra de 32 diputados, dos más de los que aseguran la mayoría absoluta en el Parlament balear. La formación morada, con el ex juez Juan Pedro Yllanes al mando, aportaba al futuro pacto un total de 6 diputados (bastantes menos que los 10 de cuatro años antes). Més per Mallorca, cuya candidatura encabezó el ex presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, se situó como quinta fuerza de la Cámara autonómica, con 4 escaños, y sus socios menorquines acapararon dos sillones en el Parlament.
Para los aliados de Armengol, el desafío residía en cómo asegurarse una buena tajada en el Ejecutivo a nivel de gestión de áreas y competencias teniendo en cuenta que la candidata socialista había incrementado su representación y ellos la habían visto reducida. Para Armengol, en cambio, la prioridad pasaba por garantizar una mayoría parlamentaria confortable que exigía necesariamente la implicación no solo de los ecosoberanistas de Més per Mallorca, sino tambén de Unidas Podemos. Los morados se habían quedado fuera del gabinete en la legislatura anterior, pero en esta ocasión se impuso el criterio de quienes, capitaneados por Yllanes, pensaban que había llegado el momento de formar parte del Ejecutivo.
Finalmente, Yllanes se hizo con la vicepresidencia del Govern y tiene a su cargo la gestión de la Conselleria de Transició Energètica. Aún así, como fruto de la hegemonía socialista en el reparto de carteras, la mano derecha de Armengol, Iago Negueruela, se convirtió en el verdadero número 2 de la presidenta, acaparando dos departamentos clave, como trabajo y turismo, además de economía.
Unidas Podemos logró también la Conselleria de Agricultura, en manos de Mae de la Concha, y para Més per Mallorca fueron las áreas de Serveis Socials, con Fina Santiago al frente, una de las supervivientes de la legislatura de 2015, y Medi Ambient, con Miquel Mir, sustituto de su compañero de partido Vicenç Vidal, uno de los dos senadores autonómicos designados para representar a Baleares. El otro es el ex conseller ibicenco del PP José Vicente Marí Bosso.
EL PLUS ECONÓMICO DE ALTOS CARGOS Y LAS DISENSIONES EN EL EJECUTIVO DE ARMENGOL
Con la crisis interna de Més aparentemente encauzada, y un socio como Unidas Podemos con más ansias que nunca de integrarse en el Ejecutivo, el PSOE firmó con estas dos formaciones el denominado Pacte de Bellver, la hoja de ruta destinada a marcar el rumbo de la nueva legislatura.
Sin embargo, Armengol se está encontrando con más problemas de los que seguramente preveía en un principio. Y no tanto por parte de Unidas Podemos, que de momento está manteniendo una postura de apoyo sin fisuras a las actuaciones del Govern, como de Més per Mallorca, desde donde ya se ha mostrado en más de una ocasión la tarjeta amarilla al gabinete del que forman parte.
El principal escollo es el tratamiento del catalán en la nueva normativa educativa elaborada por el departamento que dirige el conseller socialista Martí March. Los ecosoberanistas achacan al PSOE su predisposición a relegar a la lengua catalana a un segundo plano en el modelo docente que está impulsando, y exigen cambios de envergadura en los planteamientos actuales.
EL CONFLICTO CATALÁN
Fuera de Baleares, la actualidad política ha estado muy centrada en la evolución del conflicto catalán. El 15 de octubre, el Tribunal Supremo hacía pública la sentencia emanada del proceso judicial iniciado dos años antes contra políticos y altos cargos de la Generalitat, así como contra representantes del tejido asociativo ligado al independentismo. Las penas impuestas por el Alto Tribunal oscilaron entre los 9 y los 13 años de cárcel, recayendo sobre el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acusado de un delito de sedición, la medida de privación de libertad más elevada.
En el momento de la promulgación de la sentencia, Junqueras se hallaba ya en situación de prisión preventiva, al igual otros ocho acusados, entre ellos los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (condenados a 12 años de prisión), y los también ex miembros del gabinete Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y medio). La resolución afectó igualmente a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sobre quien recayeron 11 años y medio de cárcel, y a los antiguos dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos sujetos a una pena de 9 años.
Nada más hacerse pública la sentencia, las calles de Barcelona y de otras localidades catalanas, principalmente las capitales de provincia, se convirtieron en un hervidero de protestas y disturbios que fueron acrecentándose a medida que transcurrían los días. Contenedores y mobiliario urbano reducidos a cenizas a causa de fuegos intencionados, colapsos en las carreteras y autopistas, retrasos en aeropuertos y servicios ferroviarios, enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales, fueron escenas cotidianas en Cataluña, y sobre todo en su capital, Barcelona, a lo largo de dos interminables semanas que se iniciaron con la ocupación de las inmediaciones de la terminal de El Prat el mismo día en que se promulgó la sentencia del Supremo.
Los heridos y hospitalizados a causa de las protestas callejeras pertenecían a ambos bandos: los manifestantes, pero también a las fuerzas de seguridad. La batalla por imponer el orden público y asegurar la convivencia ciudadana fue coordinada por la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, con la ayuda y la colaboración de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Sin embargo, para los Mossos la situación era doblemente peliaguda. Por una parte, debían hacer frente a las violentas protestas dirigidas por una organización hasta entonces desconocida identificada con el nombre de Tsunami Democràtic; y, por otro lado, eran víctimas de las contradicciones internas del propio Ejecutivo catalán.
Mientras el conseller de Interior, Miquel Buch, defendía la necesidad de mantener el orden en las calles y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, el presidente, Quim Torra, se mostraba mucho más ambiguo, resistiéndose a llevar a cabo una condena explícita del uso de la violencia y, al mismo tiempo, argumentando el derecho a la manifestación y la protesta de aquellos ciudadanos que pudieran interpretar que sus derechos habían sido vulnerados.
La espiral de disturbios fue apaciguándose relativamente con el paso del tiempo, pero ni Tsunami Democràtic ni otros grupos vinculados a estas convocatorias masivas parecen haber dicho su última palabra, como se puso de manifiesto el pasado 18 de diciembre con ocasión de la disputa en el Camp Nou del ‘clásico’ entre FC Barcelona y Real Madrid. El incendio de contenedores y papeleras volvió a ser la nota característica de la jornada, si bien, dentro del estadio, la cita futbolística pudo celebrarse con relativa normalidad con la única salvedad de los balones amarillos lanzados por parte del público al césped, ya mediada la segunda parte.
LA EXHUMACIÓN DE FRANCO
El 24 de octubre de 2019 pasará a la historia por ser el día en que se exhumaron los restos mortales de Francisco Franco, 44 años después de la muerte del dictador. El Gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez había convertido en una absoluta prioridad salvar todos los escollos legales, judiciales y administrativos que pudieran obstaculizar el desenterramiento del cadáver y su traslado a otro emplazamiento diferente del que había venido ocupando desde 1975, el Valle de los Caídos.
La operación no resultó sencilla. Ni antes, ni durante, ni después. En el ‘antes’ hay que situar el complejo litigio judicial planteado por la familia Franco, y que finalmente los tribunales resolvieron a favor del Gobierno. La Administración pudo, de esta manera, incluso contraviniendo las pretensiones de la familia, elegir unilateralmente la nueva ubicación de los restos exhumados: el cementerio de Mingorrubio, situado en las cercanías del Palacio de El Pardo, donde ya reposaban otras figuras claves del régimen, como la viuda de Franco, Carmen Polo, o el último presidente del Gobierno antes de la instauración de la democracia, Carlos Arias Navarro.
El ‘durante’ nos retrotrae a esa jornada del jueves 24 de octubre en la que, en medio de un ambiente de tensión y crispación, los restos de Franco fueron desenterrados en presencia de una pequeña comitiva rigurosamente escogida, y de la que formaban parte la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su condición de Notaria Mayor del Reino, y el abogado y una concisa representación de la familia. En las proximidades del recinto, cientos de partidarios de la dictadura se concentraron para expresar su adhesión a Franco, mientras los restos eran trasladados en helicóptero hasta Mingorrubio.
El ‘después’ viene presidido por las reacciones deparadas por la que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias con mayor proyección informativa en España a lo largo de este año. La primera reacción correspondió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó la exhumación de “gran victoria para la democracia”. En esta misma línea, se pronunciaron la mayor parte de líderes políticos, si bien algunos, como el dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reclamaron “ir más allá” en el desmontaje de los resortes y estructuras de la dictadura que, a su juicio, todavía perviven.
Paralelamente, sin embargo, la actuación del Gobierno se granjeó las críticas de amplios sectores de la sociedad, descontentos con el protagonismo mediático que los nostálgicos del régimen obtuvieron con la divulgación de las imágenes recogidas en el Valle de los Caídos y que, a juicio de estos grupos de opinión, implicaron una cierta reivindicación de los mensajes políticos favorables al franquismo.
LOS DESAFÍOS DEL BREXIT
Fuera de España, el año ha venido condicionado, especialmente, por el Brexit. La desvinculación de Reino Unido respecto a la Unión Europea se concretará, si se cumplen las previsiones, el próximo 30 de enero. No obstante, el camino hasta llegar a este momento habrá sido duro y farragoso, incluyendo un relevo al frente del Gobierno y unas elecciones anticipadas.
El líder ‘tory’ Boris Johnson ocupó el puesto de su compañera de partido Theresa May al frente del Ejecutivo británico el 24 de julio. May había fracasado una y otra vez en su intento de que el Parlamento avalase el acuerdo con la Unión Europea para liquidar la ‘factura’ del Brexit, es decir, las condiciones con los que la salida del bloque por parte de Reino Unido podría hacerse factible. May se topó de bruces con la oposición no solo de los diputados laboristas liderados por Jeremy Corbyn, sino también con el frente común que auspició el ala más euroescéptica de su propio partido.
Para Johnson, el camino tampoco ha sido fácil. El primer ministro se quedó en minoría en el Parlamento y optó por una medida con pocos precedentes en la historia política de Reino Unido: interrumpir las sesiones legislativas con la expectativa de que el ‘impasse’ parlamentario pusiera sordina a la presión que Johnson debía soportar por parte de ambos bandos del hemiciclo. La estrategia no resultó, y al final la llamada a las urnas constituyó la única alternativa plausible frente a la imposibilidad manifiesta de que el acuerdo ‘in extremis’ logrado por Johnson con sus todavía socios europeos recibiera el beneplácito de un margen suficiente de diputados.
No obstante, los resultados electorales afianzaron la estrategia de Johnson, a quien los votantes le adjudicaron, hace apenas unas semanas, la mayoría absoluta que ansiaba para seguir adelante con sus planes de hacer efectivo el Brexit antes del mes de febrero. Con el laborismo representado por Corbyn definitivamente hundido, y la figura de Johnson acrecentada en el ámbito político conservador, el desafío que ahora afrontan tanto Reino Unido como la Unión Europea pasa por lograr un acuerdo de mínimos que marque el rumbo del período de transición que ha de quedar culminado en diciembre de 2020.
Será entonces cuando se definirá cuál ha de ser la relación futura de Reino Unido con sus ‘vecinos’ continentales. De no conseguirse, la nueva presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ya ha vaticinado la proximidad de “momentos muy duros” para la economía y el equilibrio social y laboral de los dos antiguos aliados.
En Baleares, el proceso del Brexit se ha seguido con una comprensible expectación. De hecho, las consecuencias del ‘divorcio’ se dejarán sentir, necesariamente, en la rentabilidad de la industria turística de las islas, fundamentada, en buena medida, en la afluencia de turistas británicos.
La esperanza de los representantes del sector en las islas es que estos efectos puedan minimizarse desde la convicción de que, con Brexit o sin él, Mallorca y el resto de las islas continuarán siendo un destino preferente para los visitantes procedentes de Reino Unido. Pese a ello, la preocupación no es baladí, sobre todo después de que en 2019 la estabilidad del negocio vacacional en el archipiélago se haya visto zarandeada por la traumática quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
TRUMP, LA GUERRA COMERCIAL Y LA DISTENSIÓN MUNDIAL
El repaso a la actualidad internacional del ejercicio que está a punto de finalizar engloba también otros focos informativos de interés. Uno de ellos, sin duda, viene propiciado por la guerra comercial que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha declarado al otro gran gigante de la economía mundial, China, y, de paso, también a la Unión Europea. Baleares no ha sido ajena a la doctrina proteccionista de Trump respecto a los productos con sello ‘made in USA’, ya que las medidas arancelarias decretadas desde la Casa Blanca afectan directamente a artículos fabricados en las islas.
Desde el punto de vista de la distensión, 2019 habrá acabado, posiblemente, mejor de lo que empezó. La presencia de Trump en los círculos de poder de Washington coincidió, en un primer momento, con una importante escalada de las hostilidades, casi a niveles de la ‘guerra fría’ de los 60, entre antagonistas armados hasta los dientes, particularmente Estados Unidos y Corea del Norte.
Sin embargo, las relaciones entre Trump y el régimen coreano se han dulcificado durante la segunda parte de 2019, con un compromiso de no agresión incluido que, si bien está todavía lejos de consolidarse, ha propiciado una relativa relajación de las amenazas cruzadas que caracterizaron los primeros años del actual presidente norteamericano en la Casa Blanca.
Pese a ello, los focos de tensión en el conjunto del planeta continúan vigentes, a manera de tableros de ajedrez donde las grandes potencias, con Estados Unidos y Rusia como líderes de sus respectivos bloques, y la Unión Europea asumiendo el papel de convidado de piedra, disputan sus partidas a cara de póker.
Con el terrorismo internacional como fenómeno en boga, las situaciones bélicas en Siria y otros territorios han acrecentado en este nuevo año la necesidad de hallar una solución plausible al drama de los refugiados. En este punto, los estados occidentales se muestran incapaces de consensuar posiciones comunes. Más bien, todo lo contrario. Los enfrentamientos dialécticos entre los gobiernos de España e Italia, especialmente durante la época de Matteo Salvini como ministro del Interior, constituyen un ejemplo paradigmático.
Entretanto, en Estados Unidos, Trump está a punto de iniciar un año electoral que ha sorprendido al mandatario norteamericano lejos de su mejor índice de popularidad. La carrera electoral, en la que Trump optará a la reelección, vendrá condicionada por el ‘impeachment’, o proceso de investigación que el Senado llevará a cabo para dirimir las presuntas responsabilidades del presidente en el turbio asunto de las supuestas presiones que el magnate neoyorquino habría ejercido sobre el presidente de Ucrania con la intención de desprestigiar la figura del político demócrata Joe Biden, vicepresidente durante la presidencia de Obama y precandidato a la Casa Blanca en la cita con las urnas que tendrá lugar en noviembre de 2020.
Trump es el tercer presidente en la historia de su país que deberá someterse a un proceso de estas características. Antes que él tuvieron que encarar este trance los demócratas Andrew Johnson y, mucho más recientemente, Bill Clinton. También el republicano Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero dimitió de su cargo antes de que la investigación del Senado comenzase a cobrar forma.
LA CUMBRE CLIMÁTICA Y EL FENÓMENO ‘GRETA’
Las políticas medioambientales han estado también muy presentes en 2019. La Cumbre sobre Acción Climática celebrada en Madrid del 2 al 16 de diciembre finalizó con más expectativas que resultados concretos, en gran medida a causa de la ausencia de los dos países más contaminantes del mundo, Estados Unidos y China. Aún así, la presencia de la activista sueca Greta Thunberg dotó de un indiscutible eco mediático a todas y cada una de las actividades que formaron parte de la cumbre, especialmente la multitudinaria marcha que, con la presencia estelar de Thunberg, tuvo lugar en las calles de la capital española.
Esta adolescente sueca de apenas 16 años de edad ha sido uno de los nombres propios del año. Su rostro compungido, alterado y soliviantado mientras se dirigía a los líderes mundiales en demanda de un mayor compromiso con la sostenibilidad del planeta, ha convertido a Thunberg en la cara visible de la creciente preocupación por los efectos del cambio climático.
EL POLVORÍN SURAMERICANO
La cumbre tuvo que ser organizada en Madrid a toda prisa, y a contrarreloj. De hecho, inicialmente, las jornadas debían celebrarse muy lejos de España, concretamente en Chile. Sin embargo, la convulsa situación política y social de este país exigió la búsqueda de una nueva sede.
No obstante, Chile no ha sido el único territorio suramericano que ha vivido un 2019 particularmente complejo. Si en su caso las impopulares medidas económicas del gobierno presidido por el conservador Sebastián Piñera actuaron de resorte para la proliferación de disturbios callejeros de gran calado, en otras naciones vecinas la suerte no fue muy distinta.
También en Ecuador las protestas han sido constantes, sin olvidar la situación de Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, tuvo que buscar refugio en México tras la anulación de un proceso electoral con evidentes sospechas de haber sido amañado. Su sucesora, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta durante una accidentada sesión parlamentaria con el compromiso de convocar nuevas elecciones para que un Ejecutivo surgido de las urnas trate de reflotar a un país roto en dos mitades: los partidarios de Morales, y los que preconizan una nueva hoja de ruta, alejada de las políticas populistas preconizadas por el mandatario exiliado.
Venezuela es otro de los volcanes en continúan en plena erupción dentro del avispero suramericano. Al igual que Áñez, también Juan Guaidó trató en su momento de hacerse con el control del Gobierno con el apoyo de los opositores al gabinete encabezado por Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez.
Sin embargo, contrariamente al boliviano Morales, Maduro ha resistido en el poder y ha mantenido su autoridad ante las fuerzas armadas del país, o, al menos, ante la mayor parte del estamento militar. Así las cosas, Venezuela se debate ahora en un contexto de bicefalia política que, lejos de frenar el progresivo empobrecimiento de uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, más bien está contribuyendo a agravar la situación.
El regreso de Cristina Fernández de Kichner al poder en Argentina, esta vez en calidad de vicepresidenta, es otro de los acontecimientos del año en el ámbito de Sudamérica. La legislatura encabezada por Mauricio Macri se situó muy lejos de las expectativas con que el líder conservador inició su mandato, y su derrota en las urnas ante Alberto Fernández, con Kichner en la recámara, resultaba más que previsible.
