El Grupo Popular atisba indicios de irregularidad en el proceso de selección para dotar la plaza de director administrativa de la Fundación de Persones amb Discapacitat de Menorca. La suspicacia arranca en el hecho de que tras una primera convocatoria publicada el pasado mes de junio, la pertinente admisión de aspirantes y el inicio de las pruebas, el proceso se cancelara supuestamente por haberse detectado alguna ambigüedad en las bases.
Así ocurrió el pasado mes de septiembre después de celebrada una primera fase eliminatoria y completada también una segunda prueba escrita, que quedó sin evaluar. Con posterioridad la Junta Ejecutiva de la Fundació, adscrita al Consell de Menorca y presidida por Susana Mora, decidió el pasado mes de septiembre suspender el concurso y dejarlos sin efecto, alegando que había divergencias en la interpretación de las bases. Es así como en octubre el Patronato convoca un nuevo concurso, con unas bases renovadas en las que se producen cambios en la baremación de méritos como la experiencia o la formación académica.
El Grupo Popular en el Consell de Menorca denuncia que este proceder puede haber perjudicado a los aspirantes que se presentaron al concurso en la primera convocatoria y que además habían entregado ya todos los datos concernientes a sus méritos y experiencia profesional. El cambio de bases a posteriori, nuevamente aprobado por la presidenta Susana Mora, se ve desde esta óptica como algo “estéticamente horrible” porque cambiar las reglas del juego cuando ya ha empezado el partido sin duda alienta cualquier suspicacia sobre la alteración que estas nuevas bases puedan provocar respecto a la convocatoria anterior.
Entra así en sospecha el valor de imparcialidad del tribunal, que esta vez y a diferencia de lo sucedido con la Fundació Foment del Turisme, se deja en manos de técnicos. Aun así, el cambio de bases lleva la aprobación de la presidenta Susana Mora, y hay modificaciones sustanciales como la de baremación pero también la eliminación de una prueba de competencias digitales.
Por este motivo, la consellera Carmen Reynés, que en el Grupo Popular lleva el seguimiento de los temas sociales, ha solicitado la entrega de documentación. Lo hizo el pasado viernes, coincidiendo con la fecha de final de plazo de presentación de candidatos a esta segunda convocatoria. El Grupo Popular solicita, en concreto, conocer el informe jurídico que avala la suspensión de la primera convocatoria y el por qué del cambio de criterios de evaluación de méritos en las bases. Además ha solicitado el listado definitivo de aspirantes admitidos en las dos convocatorias.
