El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca ha desestimado el recurso que interpuso el Partido Popular al acuerdo del Pleno Municipal del Ajuntament de Maó, celebrado el 22 de diciembre de 2016, que aprobaba la adenda al contrato del servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Mahón, que gestiona la empresa Hidrobal.
Hay que recordar que en el año 1989, el Ayuntamiento de Maó adjudicó, por 20 años, el Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Maó. En 2003, el consistorio aprobó dos prórrogas de 10 años cada una, hasta el 2029. A lo largo del desarrollo del contrato, ambas partes habían acumulado un serie de desequilibrios fruto de obras y servicios realizados no previstos inicialmente, provocando un desajuste pendiente de resolver.
Este hecho motivó que, en 2015, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó iniciara un proceso para regular la situación. Este proceso culminó en diciembre del 2016 con la aprobación, en el Pleno Municipal, de la adenda al contrato del Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Maó.
Este documento, recogía las obras ejecutadas por la empresa durante los años anteriores, e informadas favorablemente por los técnicos municipales. La adenda también señalaba que el pago de estas actuaciones se compensarían con deudas de Hidrobal con el Ayuntamiento. Una vez hecho el recuento final, el documento establecía un saldo positivo a favor de la concesionaria que subía a 568.374 euros, a compensar con una revisión de tarifas.
La aprobación de este acuerdo motivó las alegaciones y posterior recurso contencioso-administrativo del Partido Popular. Ahora, el juzgado ha desestimado este recurso, considerando que la adenda se ajusta a derecho, en su totalidad, tal como ya apuntaban los informes de los técnicos municipales. Además, la sentencia obliga a la parte demandante a pagar todas las costas del proceso judicial.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno, dado el contexto actual y la falta de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de agua de calidad óptima, considera imprescindible dejar en suspensión la revisión de las tarifas, hasta que se pueda garantizar la agua tratada a toda la población. En este sentido, se buscará una alternativa que compense el desequilibrio económico. Este acuerdo se hará extensible a la oposición.
Finalmente, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento valora esta sentencia favorable como un aval a la gestión realizada y la profesionalidad y diligencia de los técnicos municipales, durante todo el proceso de la adenda. Asimismo, propone al PP que adopte una actitud colaborativa y constructiva, a fin de dar una solución a la ciudadanía desde la responsabilidad.
