El Consejo General de Enfermería cree primordial que “se utilicen mascarillas autofiltrantes -conocidas como FFP2- en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos, como el transporte público, y en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus (por ejemplo, centros sanitarios, farmacias, sociosanitarios…), pues su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la Sanidad y muchas muertes más de las que ya lamentamos”.
Como ya solicitaron cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, el Consejo General de Enfermería sostiene que es importante “que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia. Cabe recordar que la actual falta de limitación en el precio de estas mascarillas está suponiendo una oportunidad de oro para algunos comercios especializados, entre ellos oficinas de farmacia, que están especulando desde hace meses con este material sanitario”. Consideran que las mascarillas FFP2 son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerlas de cualquier movimiento especulativo.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, asegura que “de hecho hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria. Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato”.
Desde el Consejo General de Enfermería recuerdan que “la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, y esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del
virus a los demás. Además, una vez comprobado científicamente el contagio por aerosoles es recomendable el uso de las mascarillas FFP2, y no las quirúrgicas, debido al contacto directo con otras personas en ambientes cerrados, masificados y con poca ventilación. Por este motivo, es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo. Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas“.
