El Pi – Proposta per les Illes, Més per Mallorca y Més per Menorca han mostrado su satisfacción tras el aval del Consell Consultivo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuesto Generales del Estado (PGE). Las tres formaciones han afirmado que el dictamen que se presentará al Parlament constata la legalidad de este recurso. De hecho, el dictamen señala, tal y como han defendido los tres partidos “es procedente por omisión “. Además, el mismo dictamen confirma que el Estado debe compensar el factor de insularidad previsto en el Real Decreto Ley 4/2019 del Régimen Especial de las Islas Baleares. Esta compensación se calcula en unos 400 millones de euros más para Balears que deberían salir de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, apuntaron “el Consultiu coincide con los argumentos defendidos de que la Constitución y el Estatuto son normas jurídicas de obligado cumplimiento y no declaraciones de intenciones y que el Estado no puede no cumplir las leyes. ”
Según explicó el diputado de El Pi, Josep Melià, “el Consultivo reafirma nuestra tesis de la omisión aunque PSOE y Podemos nos acusaron que no señalamos el precepto o preceptos del presupuestos que considerábamos inconstitucionales. ” Melià ha puntualizado que “hay que seguir trabajando en esta línea y reivindicar lo que por ley nos corresponde, ahora habrá que ver que pasará al Constitucional pero no debemos desfallecer. ”
En el mismo sentido, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha destacado que “no hay ninguna duda legal que avale la presentación del recurso “. Así, Ensenyat entiende que “a pesar de los intentos por desacreditar esta iniciativa, el Consultiu avala por unanimidad que el recurso es procedente “. Además, según Ensenyat “el dictamen certifica que el REB forma parte del bloque constitucional y por lo tanto es un reconocimiento claro del factor insular y por tanto de su compensación por parte del Estado “.
Por su parte, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, indicó que el elemento más importante del dictamen es que «el Consell Consultiu plantea que la problemática de la insularidad reciba una protección especial por parte del Tribunal Constitucional (TC), dado que el artículo 138 de la Constitución ya dice que el hecho insular debe ser objeto de una atención particular ». Por tanto, ha incidido Castells, «se sugiere que el TC podría adaptar su jurisprudencia sobre el financiación autonómica a la problemática concreta de la insularidad, que dice que es un fenómeno especial y único ‘ ».
El diputado menorquinista considera que esto es «muy positivo» porque «es lo que buscamos con la presentación de este recurso: que el TC «interprete por primera vez, en todos estos años de jurisprudencia constitucional, si el artículo 138 protege o no la financiación de nuestra comunidad autónoma.»
