Más burocracia, inseguridad jurídica y falta de participación de los colectivos afectados. Estas son las “pegas” que el Comité Ejecutivo de PIME Menorca le pone al Anteproyecto de Ley de la Reserva de la Biosfera elaborado por el Consell de Menorca. Pero, sobre todo, destaca que esta ley “asume competencias que llevarán a un mayor recorte de libertades” porque “los conceptos indeterminados y no regulados del documento ampararán al Consell para establecer limitaciones y prohibiciones”.
El Comité Ejecutivo de PIME Menorca ha realizado un análisis transversal del contenido del borrador de Anteproyecto de Ley de la Reserva de la Biosfera y considera que “un documento de tal envergadura merece una participación mayor en su elaboración de los agentes económicos y un análisis pormenorizado de las consecuencias económicas que supondrá para Menorca”.
Desde PIME señalan que este anteproyecto “contiene una ambiciosa previsión para que el Consell Insular asuma un gran número de competencias en diversos ámbitos que serán de difícil cesión ya que corresponden al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma y en cuestiones en la que competencia es exclusiva y plena de esas administraciones. Amparar una ley exclusivamente en competencias que no se disponen es una temeridad por parte del Consell Insular“.
Además, recuerdan que “la reducción de burocracia ha sido siempre una demanda de PIME Menorca para favorecer la actividad económica evitando retrasos a las iniciativas empresariales” y esta ley “llena de mayor burocracia una administración ya cargada de trámites que mermará de nuevo la competitividad de la economía de Menorca”.
PIME Menorca aboga por un marco jurídico estable para garantizar un crecimiento sostenible y cree que “el amplio contenido de referencias a conceptos indeterminados y no regulados en el ordenamiento autonómico y local como la capacidad de carga turística, capacidad de carga náutica, modelo turístico de Menorca, afluencia turística excesiva o la saturación de espacios públicos, entre otras, no permite conocer el alcance de muchas de las medidas que contiene la propuesta y por tanto, provocará inseguridad jurídica a las iniciativas empresariales y ciudadanas que quedarán al albur de la decisión en cada momento del Consell“.
Demandan también “que se realice un análisis económico, no solo medioambiental de la incidencia de las medidas en cada una de las actividades afectadas” ya que gran parte de las propuestas que contiene el borrador consisten en limitaciones y prohibiciones, mayoritariamente a la actividad económica y empresarial sin que se haya tenido en cuenta la repercusión directa e indirecta en los sectores afectados, ni social y económicamente”.
Por otra parte, desde PIME consideran que “el establecimiento de un régimen sancionador extenso como el que contiene el borrador de la Ley de la Reserva de la Biosfera puede suponer la duplicidad de sanciones por el mismo hecho teniendo en cuenta que muchas de las infracciones contenidas pueden ser susceptibles de ser sancionadas por otros instrumentos como el Plan Territorial Insular y otras normas, además de las que dependen de otras administraciones y organismos públicos de ámbito autonómico o nacional”.
Finalmente, los empresarios de PIME señalan que ha habido una falta de participación en la elaboración del texto de los colectivos afectados: “La apertura del plazo de presentación de propuestas y alegaciones en plena temporada turística y la falta de invitación a la participación de colectivos afectados por la norma provoca que gran parte del contenido no sea fruto del consenso ni de la aportación sectorial, imprescindible para que una Ley de esta dimensión tenga, no sólo la aceptación de algunos colectivos minoritarios, sino una amplia aceptación social y empresarial”.
