La Junta Insular del PP Menorca, máximo órgano entre congresos de la dirección orgánica de esta fuerza política, ha rechazado este sábado con contundencia el anteproyecto de ley de Reserva de Biosfera que promueve el Consell de Menorca haciendo uso de su facultad para ejercer la iniciativa legislativa.
El rechazo es unánime y ha servido para ratificar con contundencia el desmarque, que protagonizó el pasado noviembre el Grupo Popular, de la comisión que revisa el anteproyecto por considerarlo muy alejado de los objetivos iniciales y además contraproducente, perjudicial y contrario a la filosofía del título de Reserva de Biosfera que concedió la UNESCO en 1993.
El pronunciamiento de la Junta Insular, en reunión extraordinaria y en presencia de la presidenta balear del Partido, Marga Prohens, se ha producido esta mañana en la Iglesia de Sant Diego de Alaior como conclusión de la jornada de estudio y estudio sobre el borrador de una ley que, tal como están las cosas, de seguir adelante en su tramitación y entrar en vía parlamentaria se aprobará sin el consenso de los grupos políticos parlamentarios.
Precisamente la falta de consenso ha sido uno de los argumentos esgrimidos tanto por la presidenta insular, como por el abogado Juan Huguet que ha expuesto sus particulares conclusiones sobre el anteproyecto en discusión después de haber realizado un informe jurídico político por encargo del PP.
Desde esta perspectiva se acusa al equipo de gobierno en el Consell de Menorca de aprovechar la oportunidad de crear una propuesta –presentada a iniciativa del PP y aprobada en marzo de 2019— de dar a Menorca una Ley de Reserva de Biosfera en la misma línea de aportación económica complementaria que reciben la ciudad de Palma y la ciudad de Eivissa por considerarse capitales de sus islas respectivas.
El PP reprocha particularmente que se desvirtúe el objetivo original –obtener recursos económicos para mejorar y fomentar el desarrollo sostenible que corresponde a esta Reserva de Biosfera. Pero además critica y teme, a la vista del primer borrador de la ley en ciernes, el despliegue de un entramado normativo que no pronostica otra cosa, según los populares, que complicaciones, gasto añadido y todo un galimatías jurídico.
