“La pesca y venta ilegal de productos pesqueros es una práctica ampliamente extendida en todas las Islas Baleares.” Así lo señala el informe emitido por la Fundación Marilles sobre la pesca ilegal que se ha presentado este martes en Maó.
El documento, elaborado tras recabar datos de forma anónima de personas vinculadas al sector tanto de forma legal como ilícita, destaca que las infracciones son comunes en todos los ámbitos relacionados con la pesca, tanto la profesional como la recreativa y submarina.
Uno de los principales motivos es la demanda de pescado fresco por parte de restaurantes y particulares, así como la falta de conocimiento del consumidor, la cual es una de las prioridades sobre la cual actuar.
El estudio añade que Baleares no está peor que otras regiones de España. Nuestra comunidad cuenta con una normativa avanzada y profesionales de inspección-vigilancia. Pero también señalan que los recursos actuales no son suficientes para atajar este problema y hacer cumplir con la normativa existente, tanto en tierra como en mar. Existen muchas barreras –legales, sociales y económicas– que dificultan el trabajo de inspección por parte de inspectores y fuerzas de seguridad.
Otro aspecto que destaca el estudio es que la gran mayoría de consultados conocen casos de infracciones por parte de individuos, restaurantes y hoteles, pero nunca han actuado al respecto. En este sentido, a la mayoría de restaurantes consultados les han ofrecido pescado ilegal.
También constata este informe que el desvío de pescado en la pesca profesional es mucho más común en la flota de artes menores que en la de arrastre. Hay casos puntuales de connivencia entre pescadores profesionales y recreativos para “blanquear” pescado.
Estos pescadores furtivos están altamente especializados y pueden llegar a ganar 3.000 € al mes por lo que pagar una posible multa les sale a cuenta. También hay quienes practican Pesca recreativa de subsistencia que vende capturas como complemento de salario y para llegar a fin de mes. En muchos casos no se les denuncia por sus problemas económicos. Todo ello no impide la existencia de grupos organizados que venden el pescado ilegalmente; que emplean sistemas de aviso para evitar ser interceptados por inspectores de pesca.
Conclusiones
Desde la Fundación Marilles se apunta la necesidad de una investigación para definir mejor el alcance e impacto de la pesca ilegal. Debería ir acompañada de una campaña de concienciación pública entre consumidores y restaurantes para abordar la demanda de producto ilegal. Además deberían diseñarse mecanismos de certificación para garantizar la legalidad del producto y limitar la venta ilegal.
Todo esto debería acompañarse de un mayor compromiso político para garantizar más recursos para inspección y vigilancia, así como mejorar la eficacia de los recursos actuales y trabajar con los sectores respectivos para apoyar a aquellas personas que quieren poner freno a las prácticas ilegales.
