El Govern balear ha constituido un grupo de trabajo para poner en marcha su objetivo de limitar la compra de viviendas en las islas por parte de ciudadadanos extranjeros, ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda.
El Ejecutivo autonómico ha informado este jueves al Parlament balear del cumplimiento de este primer compromiso para desarrollar un estudio sobre la limitación del acceso a propiedad para ciudadanos que no sean españoles.
Este grupo está integrado por varias conselleías y la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ya está redactando un informe preliminar de la legislación europea sobre este tema.
El Parlament balear aprobó en marzo pasado una iniciativa de MÉS per Menorca para que lleve a cabo este estudio en un periodo de tres meses, para estudiar fórmulas que limiten la compra de segundas residencias en la comunidad insular a extranjeros.
En concreto, el grupo de trabajo está compuesto por los consellers de Presidencia, Vivienda y Hacienda, así como por representantes de la Abogacía de la Comunidad y la Universidat, entre otros, y ha mantenido su primera reunión este pasado martes.
El informe inicial de la situación normativa europea aborda el actual marco jurídico “complejo” que dificulta limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros en territorio comunitario, si bien éste es un punto de partida.
Dinamarca o Finlandia sí presentan restricciones en determinados casos para la compra de viviendas para compradores que no sean nacionales.
A partir de ahora, el grupo de trabajo analizará las experiencias que existen en el ámbito europeo e internacional para extraer conclusiones aplicables a la problemática de las Islas Baleares y su especificidad como territorio “insular y limitado”.
En este contexto, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, confía en que la próxima presidencia de la Unión Europea (UE) por parte de España abra el camino para tratar la singularidad propia de Baleares como archipiélago y la aprobación de esta iniciativa.
El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, asegura que “la normativa europea se puede cambiar”, e insiste en la necesidad de encontrar esa excepción para Baleares.
Por ahora, ningún gobierno autonómico seguirá por el momento a Balears en su voluntad de limitar la compra de viviendas a los no residentes para paliar la carestía e incluso la cada vez mayor falta de alojamiento en las islas, aunque hay otros territorios con problemas similares, como la Comunidad Valenciana, que considera que son medidas que “no hay que despreciar”.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana revelan que en Balears los no residentes, que son el 97 % extranjeros y solo un 2,4 % españoles, compraron en el segundo trimestre de este año el 27,91 % de las viviendas que se vendieron.
En Canarias esa proporción fue del 23,38 % y en la Comunidad Valenciana del 21,04 %, aunque varias provincias superaron estas cifras, con Alicante a la cabeza de todas ellas (36,49 %), seguida de Málaga (29,88 %) y Santa Cruz de Tenerife (25,95 %), por delante de otras como Las Palmas (20,74 %), Girona (20,54 %) y Murcia (14,36 %). EFE
