El GOB Menorca denuncia que “el caso de las piscinas ilegales del agroturismo de Torre Vella no está cerrado. Aún quedan varios episodios a resolver de un expediente que se encuentra sometido a una clamorosa falta de transparencia. El Ayuntamiento ha vuelto a denegar en el GOB que se pueda consultar la documentación que figura“.
Consideran que “si las piscinas debían ser depósitos por aguas pluviales y residuales, que servían para ahorrar consumo de agua de pozo, ahora no pueden ser piscinas. No pueden legalizarse como tales. Si la apertura de un camino se denegó, ahora no puede quedarse abierto. Si las zonas no podían pavimentarse -para disminuir la transformación de suelo rústico- ahora no pueden quedar pavimentadas”.
Desde el GOB denuncian que se ha dado una “carencia de transparencia” en este caso. “Cuando el GOB supo hace unos años que los promotores habían presentado documentos para legalizar las irregularidades, se pidió al Ayuntamiento de Alaior poder consultar el expediente. A pesar de tratarse de un caso en el que el GOB se ha personado en repetidas ocasiones y que tiene evidentes relaciones ambientales, el Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el caso no está definitivamente resuelto. El pasado mes de noviembre, se volvió a pedir, con la misma respuesta municipal negativa. Mientras, las piscinas ilegales siguen en marcha y se promocionan como si fueran legales desde hace 3 años, camino de cuatro. La oscuridad en este caso ha sido denunciada por el GOB ante el Consejo de Transparencia. Si no existe respuesta positiva, ya está acordado que se interpondrá contencioso-administrativo“.
Destacan los ecologistas que “la polémica que rodea a Torre Vella no es agraria, sino urbanística y ambiental. Cabe recordar que este agroturismo inició su tramitación cuando todavía podían dedicarse todos los edificios agrarios a las actividades turísticas y se podían incrementar sus volúmenes”.
Y recuerdan que “el problema es que decidieron incumplir las condiciones con las que se había autorizado toda la operación. Así, ante el aviso del GOB al Consorcio de Disciplina Urbanística en otoño de 2019, porque habían aparecido siete piscinas que no estaban contempladas en el proyecto, se descubrió otra lista de irregularidades. Los inspectores del Consorcio vieron plataformas, casitas, miles de metros cuadrados pavimentados con hormigón y otros. Cuando se conocieron estos incumplimientos, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno envió a los Agentes de Medio Ambiente a realizar también una inspección. Además de las cosas mencionadas, encontraron dos vertederos (de más de 2.000 m2), la apertura de un nuevo camino expresamente denegado y pavimentación de otros caminos“.
Para el GOB “todo junto es un cúmulo de incumplimientos de envergadura. Y de solución complicada si se insiste en no querer volver al proyecto realmente aprobado. Porque en este caso no basta con que se pueda cumplir la normativa urbanística, también tiene que cumplir las condiciones ambientales que se le pusieron, y que se han saltado a la torera”.
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