Emocionada, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha comunicado este martes la aprobación definitiva del nuevo Plan Territorial Insular. Con los votos favorables del equipo de gobierno, PSOE, Més per Menorca y Unides Podem, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, y un salón de plenos lleno de personas interesadas en el debate de esta mañana, se ha dado el visto bueno a la nueva normativa que regirá en la isla. Después de este trámite, se remitirá el documento para su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
“Sin consenso y a 5 días de las elecciones”, dicen desde el PP, y “para asegurar 10 años más nuestro modelo territorial,… que nos permitirá actuar ante los problemas ambientales e iniciar el necesario decrecimiento turístico”, aseguran desde Més per Menorca.
Durante su intervención, el conseller del PP, Dolfo Vilafranca ha insistido que su partido apuesta por la preservación de territorio, defendiendo el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el bienestar económico de los menorquines. “Si queremos definir un modelo de Menorca para los próximos 10 años tiene que ser con un modelo de consenso y no aprobarlo de manera precipitada”, ha insistido. Por ello, ha asegurado que cuando entre a gobernar al Consell, el PP modificará aquellos puntos que son más perjudiciales para los ciudadanos.
La revisión del PTI, que fue aprobado por primera vez hace veinte años (2003), incluye la actualización de la regulación insular en materias trascendentales para articular las actividades económicas y sociales en el territorio de Menorca de manera sostenible. Desde el Consell afirman que “este ha sido un factor determinante para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y ha permitido la ordenación de las actividades económicas y sociales sin perder el equilibrio necesario para mantener la sostenibilidad de este crecimiento”.
Para el equipo de gobierno, “gracias a la actualización de este documento se podrá avanzar con los retos actuales los cuales requieren de una respuesta urgente como lo son el acceso a la vivienda, las exigencias del cambio climático en materia de energía o recursos naturales, como el agua, la ordenación de la actividad turística, y la preservación del campo y el campesinado”.
La revisión del Plan incluye que el 30% de los suelos en los nuevos crecimientos urbanos se reserve para la construcción de vivienda pública, y se establece que los cascos urbanos se tienen que destinar de manera exclusiva a la vivienda para residentes, quedando, así, excluido el alquiler turístico, el cual solo se podrá llevar a cabo de manera exclusiva en las zonas turísticas ya desarrolladas.
En esta misma línea, el suelo rústico seguirá destinado a actividades agrarias y como novedades se permitirán las agroestancias que se añaden a las actividades ya permitidas a las de agroturismos y hoteles rurales, siempre vinculados al mantenimiento de la actividad agraria.
También se definen los espacios que se podrán destinar a la creación de parques de energías renovables, haciéndolo compatible con la preservación del paisaje de Menorca y las actividades del campo, y el que permite también una mayor agilización administrativa y avanzar de manera más rápida hacia la transición de energías limpias.
