La Ley de Vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entrará en vigor mañana viernes una vez que el texto se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que se empezará a aplicar antes de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo.
No obstante, quedará para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.
La Ley de Vivienda, cuya negociación se desbloqueó a las puertas de los próximos comicios y después de tres años de contactos, fue aprobada el pasado 17 de mayo de forma definitiva en el Senado con los votos a favor de los socialistas y los grupos independentistas y de izquierda en los que se apoya el Gobierno de coalición.
Un mes antes, el texto había recibido luz verde del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando la norma se ha publicado en el BOE. En este periodo, las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya estaban detectando una fuga de propietarios del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades o hacia la venta antes de que la nueva ley entrara oficialmente en vigor, especialmente en las grandes ciudades.
Catorce meses después de que el Consejo de Ministros enviara al Congreso el anteproyecto, la negociación para sacar adelante la Ley de Vivienda se consiguió desbloquear el 14 de abril, cuando el Gobierno de coalición se aseguró los votos necesarios para ello gracias a un acuerdo con ERC y EH Bildu.
La nueva Ley de Vivienda ha sido uno de los activos electorales de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Y es que, el Gobierno ha hecho de la vivienda, más allá de esta ley, uno de sus principales objetivos con reiterados anuncios preelectorales que van desde acuerdos con la Sareb, a la compra de suelos del Ministerio de Defensa para promover viviendas asequibles o a una línea de avales públicos para la compra que ha generado el rechazo de Unidas Podemos.
El nuevo texto introduce limitaciones para las subidas de los alquileres. Para este año se mantendrá el tope del 2 % en la subida de las rentas, porcentaje que aumentará al 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 y que para 2025 irá referenciado a un nuevo índice, inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará listo para el 1 de enero de dicho año.
Por otro lado, el texto incorpora cambios en la definición de “gran tenedor”, que en las zonas tensionadas serán aquellos con cinco o más inmuebles y que deberán fijar la renta en función del sistema de índices de precios de referencia.
La norma también prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años, con el fin de impulsar el alquiler.
Además, posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin anunciar fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos, entre otras medidas. EFE
