Una mujer y su hijo menor en situación de vulnerabilidad deberán abandonar su actual vivienda en Es Castell por un desahucio este martes. Así lo ha anunciado el sindicato CGT Menorca quien ha ayudado a los dos afectados a presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados miembros firmantes del acuerdo en nombre del alto comisionado de Naciones Unidas (ONU).
Este viernes el Comité ha resuelto comunicar a España las medidas cautelares consistentes en la suspensión del desahucio o que se le facilite una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades fundamentándose en toda la información recibida en relación con el caso.
Desde la CGT Menorca se recuerda que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento con el mayor grado de preeminencia legislativa. El incumplimiento de las medidas cautelares por parte de algunos juzgados ya ha derivado en condenas en España. El derecho internacional no deroga las disposiciones internas de los estados que en algún momento puedan ser contradictorias, pero sí obliga a los juzgados y administraciones a no aplicar las disposiciones internas. Sin embargo, realmente es la administración de justicia quien tiene la última palabra, en este caso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó.
Desde CGT Menorca se apunta que si el juzgado no detiene este desahucio debería ser la ciudadanía quien lo hiciera con su presión y posibles movilizaciones a partir del lunes. Por eso hace un llamamiento a todas las entidades y personas de Menorca para que participen con los medios que tengan para ejercer la presión para que este desahucio no se haga efectivo. En este sentido ya se ha anunciado que convocarán determinadas acciones a partir del lunes.
