La justicia ha rechazado por tercera vez que el GOB pueda ver un expediente que se está tramitando por el Ajuntament d’Alaior, en este caso del agroturismo de Torre Vella. Desde el frupo ecologista se rechaza esta afirmación. Se explica que lo que sucede es que tanto un juzgado de lo Penal como el Consejo de Transparencia han decidido que las peticiones del GOB para acceder a documentos deben vehicularse como un contencioso administrativo.
En este último caso, el Consejo de Transparencia les ha indicado que en el Consistorio sólo existe una petición del propietario de Torre Vella pidiendo la legalización de todas las construcciones que se hicieron sin permiso y dos informes del Consell insular y del Consorci de Disciplina Urbanística. También apunta que el GOB tendrá que pedir a estos actores la documentación. Pero todo esto no quita, según Camps, que el agroturismo sigue funcionando con normalidad cuando se le han abierto expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales y estas últimas no pueden legalizarse.
Cabe recordar que el 17 de octubre de 2019, el GOB comunicó al Consorci de Disciplina Urbanística unas presuntas irregularidades en las obras al agroturismo y en marzo de 2021 el Consorcio comunicaba la apertura de expediente sancionador. Entre las irregularidades detectadas había siete piscinas para apartamentos individuales que se construyeron bajo la apariencia de aljibes para recoger lluvia, se abrieron caminos que estaban expresamente prohibidos y se encontraron vertederos de residuos ilegales.
El grupo municipal de Avançam Alaior ya ha anunciado que llevará este tema al próximo Pleno municipal con dospreguntas al respecto. La formación progresista recuerda que la Declaración de Interés General para la construcción de siete aljibes queda inhabilitada directamente por el hecho de que el proyecto constructivo no contemplaba siete piscinas. También señala que la aprobación del proyecto por parte de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears era acorde con la construcción de siete aljibes y no siete piscinas.
Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el nuevo expediente para la legalización de las siete piscinas sigue abierto y en tramitación, lo que obliga a adaptarse a la legislación aprobada hasta el día de hoy, que en este caso es la revisión del PTI de 2023, que indica que sólo puede existir una piscina por finca.
Con todo lo expuesto antes, queda determinado que la licencia para la legalización de las siete piscinas construidas en nombre de aljibes no puede aprobarse por parte de este ayuntamiento y que, de no ser así, se estaría incurriendo en diversas irregularidades.
